QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha emitido una denuncia el viernes sobre el descubrimiento de 383 cadáveres apilados en un crematorio de Ciudad Juárez, ubicado en el norte de México, y ha exhortado a las autoridades mexicanas a cumplir con su deber internacional «de proteger y respetar a los muertos», lo cual implica iniciar una investigación detallada sobre cualquier «muerte potencialmente ilícita».
«Ante el hallazgo de 383 cuerpos en crematorio de Ciudad Juárez, nos solidarizamos con las familias. Llamamos a realizar una investigación eficaz y a respetar los derechos de las personas fallecidas, conforme a los estándares del informe de Relatoría ONU», expresó un comunicado de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El documento reafirma que las pesquisas sobre defunciones, como las que solicita el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, deben efectuarse con «prontitud y de manera efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente», y subraya la importancia de tratar los cuerpos con «dignidad y respeto».
Además, se recalca que «la obligación de proteger a los muertos es parte de los derechos a la vida, a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes y a la protección contra la desaparición forzada», entre otros, y se sugiere la creación de «principios rectores» que aseguren los derechos de los difuntos desde una perspectiva de derechos humanos.
El texto también apunta que la responsabilidad del Estado no solo incluye la adecuada atención y manejo de los restos humanos para preservar la dignidad de los fallecidos, sino también «garantizar que se respeten los derechos de sus familias en todo momento».
El ACNUDH, sin embargo, admite los retos actuales para identificar los cadáveres no reclamados debido a «la escasez de peritos forenses y recursos científicos», además de «la financiación insuficiente de los sistemas forenses, las infraestructuras inadecuadas y la falta de directrices claras».
DESIGUALDADES QUE PERSISTEN EN LA MUERTE
El informe del Alto Comisionado también denuncia una «importante solapamiento de leyes, reglamentos y prácticas» relacionadas con las «muertes no violentas y cotidianas» que «sigue planteando problemas considerables», especialmente en la defensa de los derechos de grupos minoritarios, personas indígenas, indigentes y cadáveres no reclamados o no identificados.
«Muchas de las desigualdades, discriminaciones e injusticias que se producen en vida persisten en la muerte», apuntó Morris Tidball Binz, quien propuso una serie de recomendaciones prácticas para «la protección de los muertos durante la investigación de las muertes ilícitas».
Entre las propuestas de Tidball Binz se incluye la necesidad de «armonizar la protección de los muertos con base en el Derecho Internacional», asegurando que los Estados implementen «medidas nacionales pertinentes» para cumplir con su obligación de «proteger a los muertos en la práctica» y manejar adecuadamente los restos humanos.
«La dignidad de la persona y el respeto debido a su cuerpo y a sus restos humanos no se extinguen con la muerte (…). Alterar esos procesos, mediante la protección indebida o el trato irrespetuoso de los muertos, hace daño a las personas y las sociedades y, en el caso de las muertes ilícitas, socava o impide el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por tanto, las obligaciones del Estado de proteger a los fallecidos son primordiales para hacer efectivos los derechos de las familias y para garantizar que todas las muertes potencialmente ilícitas se investiguen a fondo», concluye el documento.
Finalmente, las desapariciones en México han visto un incremento aproximado del 28 por ciento a nivel nacional en un año, alcanzando las 129.000 desapariciones registradas en mayo, según datos recogidos por las fiscalías regionales y reportados por medios locales.
