La ONU solicita al Reino Unido anular la prohibición de la organización Palestine Action

Manifestantes contra la ilegalización de Palestine Action Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

El organismo internacional Naciones Unidas ha instado al Gobierno del Reino Unido a anular la prohibición de la entidad propalestina Palestine Action, argumentando que dicha medida constituye un abuso de la ya de por sí severa legislación antiterrorista del país, poniendo en riesgo ‘el ejercicio legítimo de las libertades fundamentales’, de acuerdo con Volker Turk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Este mes, Palestine Action fue declarada ilegal tras invadir una instalación militar británica donde realizaron grafitis en aeronaves. El valor de los daños fue evaluado en 7 millones de libras (8,1 millones de euros). En las últimas tres semanas, numerosas personas han sido arrestadas en protestas contra la prohibición de la organización.

Los participantes en las manifestaciones no recurrieron a la violencia, pero fueron arrestados por meramente expresar su apoyo a la organización ahora ilegal, basándose en la ley antiterrorista del Reino Unido de 2000.

Turk ha criticado la extensión de esta legislación, que también categoriza los ‘daños graves a la propiedad’ como actos de terrorismo, y sugiere que debería ser restringida a los límites del derecho internacional.

‘Se abusa de la gravedad y el impacto del terrorismo para expandirlo más allá de esos límites claros y abarcar otras conductas que ya son delictivas según la ley’, expresó el alto comisionado en una declaración.

‘Me parece desproporcionada e innecesaria. Limita los derechos de muchas personas involucradas y que apoyan a la ONG, quienes no han participado en ninguna actividad delictiva subyacente, sino que han ejercido su derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación’, agregó.

Por consiguiente, Turk exhorta al Gobierno británico a revocar su decisión y a suspender las investigaciones sobre los más de 200 detenidos y arrestados, y solicita a Londres que revise su legislación antiterrorista, incluyendo la definición de actos terroristas, ‘para armonizarla plenamente con las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos’.

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