El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha calificado de “inaceptable” el pacto cerrado este lunes en Bruselas por los Veintisiete para distribuir 21.000 reubicaciones de migrantes durante el segundo semestre de 2026, con el objetivo de aliviar a los Estados sometidos a mayor presión migratoria, entre ellos España. Al mismo tiempo, ha advertido de que su Gobierno no tiene intención de aceptar reubicaciones ni de abonar las compensaciones previstas para los socios que opten por no recibir a ninguno de los solicitantes de asilo que cumplan los requisitos.
“Bruselas pretende obligar a Hungría a pagar aún más o acoger a migrantes. Esto es inaceptable”, ha sostenido Orbán en un mensaje difundido en redes sociales, en el que también ha querido subrayar que, a su juicio, Budapest “ya gasta suficiente” en “proteger” la frontera exterior de la Unión Europea.
El dirigente húngaro, que desde hace años intenta bloquear cualquier avance en la política migratoria común, ha proclamado que “comienza la rebelión” contra el Pacto de Migración y Asilo acordado por la UE, cuya aplicación completa deberá estar lista en todos los Estados miembro como muy tarde en junio de 2026.
“No acogeremos a ningún migrante ni pagaremos por los migrantes de otros. Hungría no implementará las medidas del Pacto Migratorio”, ha zanjado en su declaración pública.
Acuerdo de los Veintisiete sobre reubicaciones y compensaciones
La reacción de Orbán llega tras el acuerdo alcanzado por los ministros de Interior de la UE en Bruselas, que incluye la flexibilización de las normas sobre “países terceros seguros” y sobre las condiciones de retorno, con el fin de acelerar las expulsiones de solicitantes de asilo a quienes se les deniegue la protección. Entre otras cosas, deja de ser imprescindible la “conexión” entre el migrante y el Estado al que es devuelto y se validan los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como el que intentó cerrar Italia con Albania.
En este contexto, y pese a la oposición de España, que no ha logrado frenar el avance de estas posiciones, los 27 han dado luz verde a la puesta en marcha, a partir de junio, del mecanismo de solidaridad que fijará cuotas de reubicación de migrantes desde los Estados sometidos a mayor presión hacia el resto de socios.
Este sistema no se activará hasta que el Pacto migratorio entre plenamente en vigor —previsiblemente en junio—. Para la primera fase, la Comisión Europea ha señalado que los países que podrán reclamar solidaridad de sus socios serán España, Italia, Grecia y Chipre, por encontrarse entre los territorios con mayor carga migratoria en la actualidad.
Bruselas está facultada para proponer cada año la reubicación de hasta 30.000 migrantes, ofreciendo a los Estados más reacios a recibir personas en su territorio la posibilidad de sustituir las plazas por contribuciones alternativas, con un tope de 600.000 millones de euros en compensaciones.
No obstante, el compromiso finalmente cerrado por los gobiernos —con la abstención de España— rebaja ese máximo a 21.000 reubicaciones o, en su caso, medidas compensatorias de hasta 420.000 millones de euros. Este volumen corresponderá a 2026, pero solo cubrirá el segundo semestre, dado que el Pacto no estará plenamente operativo antes de esa fecha.
Por ahora solo se conocen las cifras globales. El detalle sobre cuántos Estados han aceptado recibir reubicados y cuántos han optado por ofrecer pagos u otras medidas en sustitución permanece clasificado y no se hará público hasta que el acuerdo sea formalmente adoptado y publicado, algo que se espera ocurra antes de que finalice 2025.