QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado este martes la puesta en libertad inmediata del expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien desde principios de agosto cumple una condena de doce años de arresto domiciliario tras ser declarado culpable de soborno de testigos y fraude procesal.
Así lo ha anunciado la Sala Penal de este tribunal en un escrito de 38 páginas en el que ordena a la jueza Sandra Heredia revocar la privación de libertad que impuso al exmandatario «hasta tanto (…) este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia».
La corte ha decidido «amparar el derecho fundamental a la libertad individual» de Uribe, mientras que ha cuestionado las alegaciones por las que la magistrada pidió su detención inmediata al condenarlo a doce años de prisión, calificando estos criterios de «vagos, indeterminados e imprecisos, como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer, afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social».
«Este tipo de razonamiento desconoce el principio de igualdad ante la ley y el criterio de proporcionalidad, al priorizar fines genéricos y simbólicos sobre derechos fundamentales como la restricción de la libertad, lo cual también resulta desproporcionado en cuanto prevalece la presunción de inocencia hasta que la decisión condenatoria cobre ejecutoria», ha agregado.
El tribunal ha criticado además que Heredia «insistentemente destacó el reconocimiento público del enjuiciado», sosteniendo que éste «solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, ideas ni características, lo cual utilizó la operadora de justicia como un criterio de la peligrosidad por ella percibida, lo cual es subjetivo».
Uribe ha reaccionado con un escueto mensaje en su cuenta de la red social X, donde ha dado las «gracias a Dios (y) a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad», y ha asegurado que «cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia».
Además de la prisión domiciliaria, expresidente ha sido condenado a una inhabilitación por más ocho años y al pago de una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (alrededor de 720.700 euros).
La jueza considera que el exmandatario de 73 años, quien ha negado en todo momento los hechos alegando ser víctima de una persecución política, instigó a emisarios para que manipularan a testigos en las cárceles del país con el objetivo de favorecerse con sus testimonios. Según la investigación, el abogado Diego Cadena habría intentado ofrecer beneficios a varios exparamilitares para cambiar su versión sobre supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.
El caso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones indicaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.
