El Ministerio de Exteriores palestino ha expresado este viernes su rechazo “en los términos más enérgicos” ante el repunte de los “desalojos forzosos” de familias palestinas por parte de las fuerzas israelíes “en la Jerusalén ocupada”, y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que salvaguarde la “presencia palestina” en la zona.
En un comunicado difundido en redes sociales, Exteriores sostiene que “lo que está ocurriendo en la Jerusalén ocupada forma parte de un plan para judaizar la Ciudad Santa y desplazar a nuestro pueblo, los dueños originales de la tierra, e imponer realidades ilegales destinadas a cambiar la situación demográfica de la ciudad a corto plazo”.
El Ministerio alerta de que, solo en Jerusalén Este, más de 200 familias, alrededor de 900 personas, se encuentran en “riesgo de desplazamiento forzoso y desalojo inminente” a raíz de demandas interpuestas por colonos israelíes ante los tribunales del país.
Según la nota, estas instancias judiciales “se utilizan como herramienta para perpetuar una realidad ilegal y sin precedentes y darle una falsa legitimidad en la Ciudad Santa, teniendo en cuenta que los tribunales de ocupación son uno de sus instrumentos criminales”, y “el Ministerio insta a la comunidad internacional, incluidos todos los Estados y organizaciones internacionales, a adoptar medidas firmes y más decisivas para prevenir el continuo desplazamiento forzado” de la población palestina.
El Gobierno palestino reclama también redoblar los esfuerzos en defensa de los derechos del pueblo palestino para “garantizar que estos derechos no sean violados bajo ningún pretexto”, con especial atención a frenar los desplazamientos forzados y a detener “los intentos de alterar la realidad demográfica o el estatus y carácter de la Ciudad Santa”.
En este contexto, Exteriores subraya que “el Ministerio reafirma su labor constante a todos los niveles --político, diplomático y jurídico-- para movilizar un apoyo internacional más amplio que permita detener estos crímenes y violaciones, exigir responsabilidades a los culpables y enjuiciarlos, y garantizar la protección de los derechos inalienables del pueblo palestino”.
Estas demandas se formulan después de que al menos tres palestinos hayan perdido la vida en un ataque atribuido a colonos y en el marco de una nueva operación de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania, según han señalado las autoridades palestinas. Estos sucesos se producen en un contexto de incremento de este tipo de episodios en los últimos meses, que se han saldado con decenas de fallecidos y han motivado denuncias por parte de Naciones Unidas y de numerosas ONG.
De acuerdo con el Derecho Internacional, todos los asentamientos levantados en los Territorios Palestinos Ocupados son ilegales. Sin embargo, el Gobierno de Israel distingue entre los asentamientos autorizados y los que carecen de permiso, considerando solo a estos últimos contrarios a la ley.
La frecuencia de estos incidentes se ha intensificado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). No obstante, ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado niveles récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.
La semana pasada, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que más de 36.000 palestinos se han visto forzados a abandonar sus hogares en apenas un año debido al incremento de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes en Cisjordania, lo que alimenta el temor a una posible “limpieza étnica” en la región.