Paraguay ha registrado este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una declaración de intervención en el procedimiento abierto a raíz de la demanda de Sudáfrica contra Israel por supuesto genocidio en el marco de su ofensiva militar en la Franja de Gaza, una campaña que ha provocado ya más de 72.100 muertos y 171.800 heridos. No obstante, para Asunción, “las presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario” atribuidas a Israel “quedan fuera del ámbito de aplicación de la Convención sobre el Genocidio”.
“Las presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario u otros regímenes jurídicos quedan fuera del ámbito de aplicación de la Convención sobre el Genocidio”, ha expuesto el Ejecutivo paraguayo, de acuerdo con el escrito remitido el día anterior y hecho público este miércoles por el máximo órgano judicial de la ONU.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Asunción sostiene que “el delito de genocidio debe interpretarse de manera coherente con el objeto y fin de la Convención y la jurisprudencia establecida de la Corte, y no debe ampliarse para abarcar otras violaciones del Derecho Internacional”. “Cualquier ampliación de este tipo correría el riesgo de diluir la gravedad específica del delito, socavar la seguridad jurídica y crear oportunidades para la instrumentalización o aplicación indebida de la Convención”, ha añadido.
El Estado sudamericano ha alertado igualmente sobre la necesidad de que el caso no se “aparte de la jurisprudencia establecida sobre el umbral de intención y el estándar estricto exigido por la Convención sobre el Genocidio”, y ha pedido “un examen cuidadoso de la metodología, las fuentes, el alcance y el grado de verificación” del material probatorio presentado, con el objetivo de “garantizar que solo se confíe en pruebas que cumplan con el riguroso estándar requerido para llegar a una conclusión de genocidio”.
El documento lleva la firma de Miguel Aranda, responsable con rango de viceministro del departamento de Administración y Asuntos Técnicos del Ministerio de Exteriores paraguayo. Aunque la Cancillería no ha comentado de forma directa la presentación ante la CIJ, sí ha informado este miércoles mediante un comunicado de una reunión entre Aranda y el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Yuji Iwasawa.
En esa cita, en la que también participaron el embajador de Paraguay ante Bélgica, Enrique Franco, y el director general de Política Bilateral, Raúl Martínez, el viceministro conversó con Iwasawa “sobre temas de interés común vinculados al Derecho Internacional y al rol de los órganos judiciales internacionales”, según la nota difundida por el Ministerio de Exteriores, que no ha ofrecido información adicional.
En los últimos años, bajo la Presidencia de Santiago Peña, Paraguay se ha consolidado como uno de los aliados latinoamericanos más cercanos al Gobierno de Benjamin Netanyahu. Esta sintonía se ha reflejado en su alineamiento habitual con Estados Unidos e Israel en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas relativas a cuestiones sobre Israel y Palestina, así como en decisiones concretas como el traslado de su Embajada en diciembre de 2024 desde Tel Aviv a Jerusalén —ciudad reivindicada por el Ejecutivo israelí como capital, con un reconocimiento internacional limitado— o la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista en abril de 2025.