El Parlamento brasileño da luz verde a una ley antifacciones modificada, desafiando al Ejecutivo

Brasil avanza en su lucha contra el crimen con una ley que ha sido modificada en contra de las intenciones del Gobierno de Lula.

Archivo - Militares y policías civiles brasileños llevan a cabo un operativo en la favela de Alemão, en Río de JaneiroJose Lucena/TheNEWS2 via ZUMA Pr / DPA - Archivo

Este martes, la Cámara de Diputados de Brasil ratificó una ley diseñada para combatir las organizaciones criminales, conocida como ‘Antifacciones’. Aunque propuesta inicialmente por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el texto ha sufrido hasta seis modificaciones que se alejan de las intenciones originales del Ejecutivo, que no ha conseguido retrasar su aprobación.

Con un resultado de 370 votos positivos frente a 110 negativos, la propuesta ha conseguido el respaldo necesario para avanzar tras intensas deliberaciones y el visible enfrentamiento entre la oposición y el palacio del Planalto, tal y como informa ‘Folha’. Ahora, el texto deberá ser examinado por el Senado, aunque cambios en esta instancia obligarían a una nueva votación en la Cámara Baja.

El objetivo del Gobierno era modernizar el marco legal para mejorar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado, particularmente contra las ‘facciones’ como el Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Rojo, que fueron el blanco de la operación policial más mortífera de Río de Janeiro en octubre, con 121 fallecidos.

El diputado Guilherme Derrite, del partido Progresistas y ex policía militar, ha sido el ponente de la ley y ha propuesto una normativa específica para las organizaciones criminales ‘ultraviolentas’. Estas agrupaciones, formadas por tres o más individuos, recurren a la violencia y coacción para dominar territorios o intimidar a la sociedad y autoridades, atacando además infraestructuras vitales.

La ley crea delitos nuevos como el de Dominio Social Estructurado, con penas de 20 a 40 años, que pueden incrementarse entre un 50 y un 67% en situaciones de liderazgo o uso de tecnología avanzada, llegando hasta los 66 años de cárcel. También se castiga el apoyo a estas actividades criminales con hasta 20 años de prisión.

Al finalizar la votación, el presidente de la Cámara, Hugo Motta, defendió el proceso legislativo destacando que ‘la función del Parlamento no es aprobar un proyecto sin más y dejarlo pasar’, sino ‘debatir los asuntos y ofrecer la mejor versión posible’. ‘Estoy seguro de que el texto aprobado hoy es la mejor versión para enfrentar el crimen organizado’, concluyó Motta, elogiando la labor de Derrite.

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