La Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado este jueves la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, una norma impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa con carácter de urgente en materia económica, que ha encendido fuertes críticas por parte de organizaciones indígenas, ambientales y sociales por considerar que debilita garantías ambientales y derechos colectivos.
Aprobación en el pleno
El Pleno de la Asamblea dio luz verde al proyecto con 77 votos a favor, pese a las protestas y advertencias de rechazo de sectores indígenas y ambientalistas que alertan sobre los impactos de la normativa en territorios, agua y derechos colectivos. La votación se realizó en la Universidad Ecotec, en Samborondón, donde se debatió gran parte del articulado de la ley.
La iniciativa, enviada por el Ejecutivo como proyecto de ley urgente, reforma varios aspectos de la legislación minera y energética con el objetivo declarado de optimizar la gestión pública y privada en esos sectores, fortalecer la generación de ingresos fiscales y divisas y contribuir a la sostenibilidad fiscal del Estado.
Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y otras organizaciones han rechazado la ley, al considerar que debilita el control ambiental y pone en riesgo derechos constitucionales, en particular al reducir procedimientos de consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido para pueblos indígenas y nacionalidades.
Denuncias de líderes indígenas
Líderes indígenas como Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Pueblos Kichwas de la Ecuarunari, han advertido que la normativa amenaza el agua, los territorios y los derechos de las comunidades al eliminar licencias ambientales tradicionales y sustituirlas por autorizaciones simplificadas que debilitan los controles preventivos, especialmente en zonas sensibles.
Iza aseguró que la ley prioriza intereses extractivos y capitales transnacionales sobre la protección de la naturaleza y las comunidades, y exigió a la Asamblea que respete la Constitución y la voluntad popular.
Además de las organizaciones indígenas, sectores ambientalistas, maestros y otros colectivos han expresado su condena al proyecto por considerar que reduce participación ciudadana, pone en riesgo ecosistemas y vulnera derechos colectivos como el acceso a un ambiente sano, e instan a un diálogo más amplio antes de aprobar reformas de este calado.
La aprobación de esta ley se da en un contexto más amplio de debates sobre la minería y otros grandes proyectos extractivos en Ecuador, donde ya se han registrado protestas y desafíos judiciales vinculados a derechos ambientales y territoriales.