Este miércoles, el Parlamento de Perú ha confirmado en una segunda votación una legislación de amnistía dirigida a policías, militares y miembros de comités de autodefensa implicados en violaciones a los Derechos Humanos durante los años de conflicto armado interno (1980-2000).
La propuesta, promovida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, obtuvo 16 votos a favor y once en contra por parte de la Comisión Permanente del congreso, según informa la agencia estatal de noticias Andina.
La ley aplica a aquellos del Ejército, la Policía y comités de autodefensa con procesos abiertos por supuestos crímenes como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. También se extiende a miembros de estos grupos mayores de 70 años con condenas firmes por delitos contra los Derechos Humanos.
Quedan excluidos de esta amnistía los procesados por delitos de terrorismo o corrupción, en un periodo caracterizado por atentados, golpes de Estado y violencia sistemática contra las libertades civiles.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú ha expresado su oposición a través de un comunicado en X, advirtiendo que esta normativa «borra décadas de lucha por la justicia y la verdad» dado que más de 156 condenas y 600 procesos por violaciones «graves» a los Derechos Humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, «están en riesgo de quedar archivados, lo que constituiría un grave retroceso».
«Esta ley viola sentencias internacionales y protege a violadores de Derechos Humanos, no a la democracia», añade la organización, denunciando también que la medida «constituye un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, al consolidar un marco normativo orientado a perpetuar la impunidad».
Finalmente, la Coordinadora ha hecho un llamado «urgente» a la movilización ciudadana para expresar su rechazo a la legislación, mencionando un «creciente debilitamiento institucional marcado por intentos de copamiento del sistema de justicia, ataques al Ministerio Público y decisiones impulsadas desde el Congreso con la complacencia del Poder Ejecutivo».