QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlamento de Perú no ha conseguido aprobar la medida que buscaba inhabilitar por diez años al expresidente Pedro Castillo y a varios implicados en el intento de autogolpe de diciembre de 2022, a pesar de que hace apenas una semana se le impuso una condena de once años de prisión por delitos de rebelión relacionados con esos sucesos.
La votación resultó en 44 votos a favor, insuficientes frente a los 68 requeridos, con 31 votos en contra y tres abstenciones. Similar suerte corrió la inhabilitación propuesta para su ex primera ministra Bettsy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México en Lima, y para el exministro del Interior, Willy Huerta.
Se les acusa de haber violado cerca de veinte artículos de la Constitución cuando Castillo anunció la disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022, estableció un gobierno de excepción y propuso varias reformas, incluyendo la redacción de una nueva Constitución.
Desde la prisión de Barbadillo, Castillo se defendió a través de una videoconferencia, negando las acusaciones y criticando al Congreso por ir en contra de la voluntad popular. “El pueblo me dio el poder, ustedes me lo quitaron. Me están juzgando por defender el Perú profundo”, afirmó. Añadió: “Podrán inhabilitarme, pero no podrán inhabilitar la voluntad del pueblo”.
Castillo, que ya ha sido inhabilitado por dos años dentro de su condena de once años y cinco meses, enfrenta esta situación junto a Chávez, refugiada en la Embajada de México esperando un salvoconducto, y Huerta, quien está en libertad a la espera de la confirmación de su condena en segunda instancia.
