Pedro Castillo, expresidente de Perú y actualmente en prisión preventiva por acusaciones que incluyen rebelión y abuso de autoridad tras su intento de autogolpe en diciembre de 2022, ha presentado una denuncia este miércoles ante la Fiscalía. En ella, acusa a cerca de cien diputados que apoyaron su destitución y a Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras el incidente, de abuso de poder y nombramiento ilegal.
Castillo argumenta que su destitución fue ilegal ya que se realizó con 101 votos, no alcanzando las cuatro quintas partes necesarias, o 104 votos, como estipula el artículo 89 del reglamento del Congreso. Además, ha señalado que durante el proceso se vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso, ya que no contó con representación legal adecuada, según reportes de ‘La República’.
Asimismo, ha solicitado a la Fiscalía que inicie investigaciones y convoque tanto a los demandados como a los agraviados para testificar. Esta demanda se produce después de que, en junio de 2023, una acusación similar fuera archivada parcialmente por falta de pruebas. No obstante, la nueva demanda subraya la falta de votos necesarios para su destitución.
Castillo fue detenido tras proclamar la disolución del Congreso y establecer un gobierno de emergencia el 7 de diciembre de 2022, una acción que no encontró respaldo y que desencadenó su censura parlamentaria. Durante su breve mandato, marcado por la inestabilidad, Castillo cambió más de 70 ministros y perdió incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.