El Ejecutivo peruano, encabezado por el presidente José Jerí, ha decidido extender por otros 30 días el estado de emergencia en Lima y Callao, en lo que supone la segunda prórroga de esta medida excepcional, motivada por la grave crisis de seguridad que atraviesa el país y que marcó su llegada al poder tras la destitución de Dina Boluarte.
La prórroga ha quedado recogida en el diario oficial 'El Peruano', donde se recuerda que son “deberes primordiales” del Estado garantizar “los Derechos Humanos”, proteger a la ciudadanía frente a las “amenazas contra su seguridad” y promover el “bienestar general”.
Durante la vigencia del estado de emergencia, la responsabilidad de preservar el orden interno recae en la Policía Nacional de Perú, que cuenta con el respaldo operativo de las Fuerzas Armadas. Siguen igualmente en pie las restricciones a varios derechos fundamentales previstos en la Constitución, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de circulación dentro del territorio nacional y la libertad de reunión.
Al término del periodo de excepción, las fuerzas de seguridad deberán remitir en un plazo máximo de cinco días hábiles un informe detallado a las autoridades, con el fin de evaluar los resultados obtenidos bajo este marco legal.
Las actividades que supongan la concentración de un gran número de personas, sin importar si se trata de actos de carácter religioso, cultural, deportivo o no deportivo, tendrán que ser notificadas previamente a las autoridades competentes, que decidirán si otorgan o no la autorización correspondiente. Esta obligación no alcanza a eventos con una participación reducida.
En los últimos meses, la Policía Nacional ha llevado a cabo amplios operativos en Lima y Callao amparada en el estado de emergencia, con el objetivo de desarticular presuntas organizaciones criminales que actúan en estas zonas.
No obstante, pese al uso reiterado de esta herramienta por parte de Boluarte y de Jerí, los índices de homicidios y extorsiones se han mantenido elevados, especialmente contra el gremio de transportistas, que ha protagonizado las protestas más recientes. Colectivos sociales y sectores de la oposición han denunciado que la medida incide de forma directa sobre el derecho a la protesta.
Los críticos del estado de emergencia sostienen que la presencia de militares en las calles no resulta eficaz para frenar las redes de extorsión, que operan principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería en teléfonos móviles.