El Ejecutivo de Perú ha resuelto este miércoles prolongar durante 60 días adicionales el estado de emergencia en Lima y Callao, con el fin de hacer frente a la grave crisis de seguridad que atraviesa el país. Esta situación excepcional conlleva la limitación de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de circulación dentro del territorio nacional y la libertad de reunión.
La decisión figura en un decreto suscrito por el presidente del país, José María Balcázar, y publicado en el diario oficial ‘El Peruano’. En el documento se detalla que, durante este nuevo periodo, la Policía Nacional continuará como responsable directa de preservar el orden público en Lima Metropolitana y en la provincia del Callao, contando para ello con el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la norma, el cuerpo policial “determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos”, y se autoriza la “restricción o suspensión del ejercicio de los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.
Al término del plazo de emergencia, las fuerzas de seguridad deberán remitir a las autoridades competentes, en un máximo de cinco días hábiles, un informe detallado de la situación, con el objetivo de evaluar los resultados y el impacto de las medidas adoptadas bajo este régimen excepcional.
Las actividades que supongan la concentración de un gran número de personas, ya sea por motivos religiosos, culturales, deportivos o de otro tipo, deberán ser notificadas previamente a las autoridades, que decidirán si conceden la autorización correspondiente. Esta exigencia no se aplica a actos o eventos con escasa afluencia de público.
El estado de emergencia en estas zonas se ha venido prorrogando en sucesivas ocasiones, tanto durante la gestión de José Jerí (desde octubre de 2025 hasta febrero de 2026) como en el mandato anterior de Dina Boluarte (2022-2025). Pese a ello, los homicidios y las extorsiones no han remitido, especialmente contra los transportistas, que han liderado las protestas más recientes contra la inseguridad y el incremento de la criminalidad en el país sudamericano.