El Congreso de Perú aprobó esta semana una moción de censura contra José Jerí, séptimo mandatario que ha intentado dirigir el país en la última década, a apenas dos meses de la primera vuelta de las próximas elecciones. Se suma así un nuevo episodio a una prolongada crisis institucional sin precedentes en la región, donde la inestabilidad se ha asentado como forma de gobierno.
Los cuatro meses de Jerí en la Presidencia se han convertido en el segundo mandato más breve de estos diez años, solo por detrás del fugaz paso de Manuel Merino, que se vio obligado a dimitir cinco días después de asumir el cargo, tras la muerte de dos personas y más de un centenar de heridos por la represión policial durante las protestas de noviembre de 2020.
Antiguo presidente del Congreso, Jerí llegó al poder en octubre de 2025 tras la destitución de Dina Boluarte, desgastada por numerosos escándalos de corrupción, por la represión letal de las movilizaciones de 2022 y por aparecer en los sondeos como la dirigente peor valorada de América Latina.
Su elección generó rechazo inmediato, después de que se difundieran en redes sociales mensajes sexistas publicados por él, y sobre todo por una denuncia de agresión sexual por la que aceptó como sanción someterse a terapia.
Durante su gestión, su relación con las mujeres volvió a quedar bajo sospecha al conocerse que varias jóvenes fueron contratadas por el Estado tras realizar visitas nocturnas a la residencia oficial.
El escándalo que terminó de dinamitar su mandato y originó la mayoría de las siete mociones de censura presentadas en su contra estuvo vinculado a reuniones secretas con empresarios chinos de cuestionable trayectoria, en un caso que la prensa bautizó como “Chifa Gate”, aludiendo al término con el que se conoce en Perú a los restaurantes de comida asiática.
Los medios difundieron imágenes de estos encuentros con Zhihua Yang, un empresario con contratos con el Estado, en algunas de las cuales se ve al ya expresidente acudiendo encapuchado. Ante la polémica, Jerí trató de justificarse y enmarcó esas citas en la preparación de los actos por el Día de la Confraternidad Peruano-China.
Paralelamente, se supo que el también empresario chino Ji Wu Xiaodong, procesado por tráfico ilegal de madera, acudió en varias ocasiones al Palacio Presidencial para visitar al mandatario, pese a encontrarse bajo arresto domiciliario.
La “incapacidad moral permanente” como arma política
La caída de Jerí ha vuelto a poner de relieve el poder del Congreso para nombrar y destituir presidentes. De todos ellos, solo Ollanta Humala, en el periodo 2011-2016, consiguió completar su mandato constitucional y hoy se encuentra en prisión, destino habitual para buena parte de los exjefes de Estado del país.
Salvo Francisco Sagasti, que culminó el periodo entre la salida de Merino y las elecciones de 2021 en las que resultó vencedor Pedro Castillo —“cesado y ahora preso por intentar disolver el Congreso”—, el resto de mandatarios han sido removidos mediante la figura de la vacancia presidencial, que permite, con una simple votación, declarar moral o físicamente incapaz al presidente.
Este instrumento en manos de los congresistas debilita de partida al Ejecutivo, que a menudo llega al poder sin fuerza suficiente para articular mayorías en un sistema político atravesado por intereses particulares, e incluso sin un respaldo firme de su propio partido, como se vio en el caso de Pedro Castillo, abandonado por Perú Libre.
En el caso de Jerí, su salida se produjo mediante una moción de censura, aún más fácil de activar, ya que solo requiere mayoría simple. Algunos constitucionalistas alertaron, sin embargo, de que el mecanismo adecuado era la vacancia, pues la censura está prevista para ministros y congresistas, no para el jefe del Estado.
Tras su destitución, el propio Congreso eligió como nuevo presidente a José Balcázar, diputado octogenario de la formación izquierdista Perú Libre, sancionado por prevaricación cuando fue juez del Supremo, acusado de robo por su colegio de abogados y conocido en su etapa parlamentaria por oponerse a la ley contra el matrimonio infantil.
Cálculo electoral y una oferta récord de candidatos
En pocas semanas, los peruanos volverán a las urnas para escoger al noveno presidente en diez años entre hasta 36 aspirantes. Entre ellos figuran la dirigente ultraderechista Keiko Fujimori —“en el que será su cuarto intento por llegar a la Casa Pizarro”—; el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga; exministros como Jorge Nieto o Fiorella Molinelli, y el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.
Nunca antes el electorado había tenido una oferta tan amplia de candidatos, algunos de los cuales, si no alcanzan la Presidencia, podrían obtener un escaño en la Cámara de Diputados o en el futuro Senado, ya que a partir de julio de 2026 se restablece el sistema bicameral en Perú, reforzando aún más el peso del Poder Legislativo.
Más allá de los escándalos y de la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, la destitución de Jerí se explica también por el cálculo electoral de los partidos, con varios congresistas interesados en conservar su escaño en la próxima legislatura. Ese mismo juego de intereses se ha reflejado en la votación que llevó a Balcázar a la Presidencia, beneficiado por la pugna entre las distintas derechas peruanas.