El Gobierno peruano ha confirmado la salida de Karla Ornelas, la encargada de negocios de la Embajada de México en Lima, en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas. Ornelas dejó el país andino tras la controversia generada por el asilo otorgado a la ex primera ministra peruana Bettsy Chávez, quien enfrenta cargos por rebelión tras el intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022.
“En la fecha y según lo dispuesto por el Gobierno de Perú, la encargada de negocios de México realizó su control migratorio de salida y abandonó el país”, comunicó la Superintendencia Nacional de Migraciones a través de la red social X. Este anuncio ocurre después de que el gobierno de José Jerí decidiera cortar relaciones bilaterales con México y expulsar a la diplomática a principios de semana, siguiendo la concesión de asilo a Chávez.
Este fin de semana, el Ministerio de Exteriores de Perú ha indicado que ha revisado la solicitud de salvoconducto para Chávez y ha observado una “evolución negativa en (la) práctica internacional” respecto a la Convención de Caracas, que regula el asilo político. “En los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución politica. El Gobierno de Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención concebida para proteger a nacionales de los Estados miembros del Sistema Interamericano de persecuciones politicas”, señaló el Ministerio, que además anunció que “planteará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta de modificación” del acuerdo de 1954 “para evitar que esta tergiversación (…) continúe ocurriendo”.
La decisión de romper relaciones se produce tras las medidas judiciales impuestas a Chávez, que incluyen la necesidad de una autorización para salir de Lima y controles biométricos semanales, debido al riesgo de fuga. Recientemente, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación tras una huelga de hambre y la aceptación de un recurso de agravio constitucional por parte de su defensa.
Previamente, Chávez estuvo detenida en una prisión de la provincia de Lima, donde en junio de 2023 se le había impuesto prisión preventiva por los cargos de rebelión y conspiración relacionados con el fallido golpe de Estado de Castillo.