La ciudadanía peruana afronta un nuevo ciclo en las urnas con las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 12 de abril, tras una década marcada por la inestabilidad política, con ocho jefes de Estado, contando el actual, y una larga lista de aspirantes de todo signo con antecedentes de denuncias, condenas e irregularidades que consolidan una crisis institucional convertida ya en forma habitual de gobierno.
Estos comicios se perfilan como uno de los hitos electorales recientes, no solo por el incremento de hasta el 8% del padrón respecto a 2021 —más de 27,2 millones de electores—, sino también por la cifra sin precedentes de postulantes a la Presidencia, hasta 35, lo que anticipa una fragmentación del voto nunca vista.
Los aspirantes mejor situados apenas rozan, en el mejor de los casos, el 14%, lo que hace prácticamente segura una segunda vuelta el 7 de junio. Los conservadores Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori se han movido en torno a esos porcentajes en unos sondeos dominados por un bloque de indecisos que supera el 30%.
López Aliaga, exalcalde de Lima, y Keiko Fujimori, la eterna candidata e hija del expresidente condenado por crímenes de lesa humanidad Alberto Fujimori, compiten por el mismo nicho de votantes en la capital, aunque será en el resto del país —donde reside el 70% de sus 34 millones de habitantes— donde se incline realmente la balanza.
La propia Fujimori lo comprobó en las anteriores presidenciales, cuando perdió por tercera vez después de que Pedro Castillo —ahora encarcelado por intentar un autogolpe de Estado en 2022— acaparara el voto del sur andino, así como de las zonas mineras y los territorios más aislados.
Las propuestas que se presentan como una enmienda al sistema, como la de Castillo —que prometió reformar la Constitución y redistribuir la riqueza frente a la férrea oposición del Congreso— han logrado conectar con los votantes de regiones históricamente desatendidas por el Estado.
Candidaturas bajo sospecha
Además de la treintena larga de aspirantes a la Casa de Pizarro, cerca de 10.000 personas compiten por un escaño en un Congreso bicameral que no existía desde los años noventa y para el que se exige al menos un 5% de los votos para lograr representación. A los 130 escaños de la Cámara de Diputados y los cinco del Parlamento Andino se suman ahora los 60 del nuevo Senado.
En la relación de candidatos presidenciales hay al menos 16 que han omitido en su declaración jurada de hoja de vida datos sobre sus vínculos empresariales, sentencias, cargos públicos desempeñados u otra información relevante, según ha advertido el Jurado Electoral Especial (JEE), lo que ahonda las dudas sobre la idoneidad de una clase política fuertemente cuestionada.
En la actualidad, cuatro expresidentes se encuentran en prisión —Martín Vizcarra, Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala—, a los que se suman otros que ya pasaron por la cárcel, como el propio Alberto Fujimori, mientras que Pedro Pablo Kuczynski fue condenado a tres años de arresto domiciliario y Alan García se quitó la vida cuando iba a ser detenido por corrupción.
El JEE ha señalado irregularidades en la declaración jurada de Keiko Fujimori —que ya pasó por prisión preventiva por la supuesta financiación irregular de sus campañas— por no consignar su participación en una empresa y la titularidad de otra, aunque finalmente el caso fue archivado tras una revisión.
También la documentación de López Aliaga ha sido objeto de escrutinio por no declararse socio fundador de una inmobiliaria; y se han detectado problemas en las hojas de vida de Carlos Álvarez, Alfonso López Chau o Mario Vizcarra, entre otros nombres de estas elecciones, así como de aspirantes mucho más minoritarios. En la mayoría de expedientes, los implicados hablan de errores involuntarios de transcripción o de que el JEE maneja información desfasada.
Con todo, los episodios más llamativos se concentran en las listas al Legislativo, donde figuran cerca de 500 candidatos con sentencias firmes por distintos delitos, 51 de ellas ligadas a casos de violencia familiar, ya sea por agresiones o por impago de la pensión alimenticia.
El partido derechista Alianza para el Progreso (APP), cuyo candidato presidencial es César Acuña, encabeza el número de postulantes condenados, con 53; le sigue Podemos Perú, con 33; uno más que Fuerza Popular, la formación de Fujimori; Primero Perú, con 26; y Perú Libre, con 22, cuyo líder, Vladimir Cerrón, permanece prófugo de la Justicia, sin que ello le haya impedido inscribirse para estos comicios.
Entre los aspirantes hay condenados por robo, así como denunciados por conducir ebrios, agresiones, lesiones o amenazas de muerte, como el caso del candidato a diputado por Buen Gobierno Rolando Cueva García.
Un antiguo alumno de su misma universidad le denunció por amenazas de muerte. Según la versión a la Policía, García le exigió que dejara de investigar los contratos de su empresa con el centro educativo. También se le ha visto en vídeos empuñando un arma, o bebiendo mientras conducía, por lo que fue detenido.
Nunca antes los peruanos habían tenido ante sí un abanico tan amplio de opciones en las papeletas; está por ver si de estas urnas saldrá una mayoría capaz de frenar la profunda crisis institucional y de confianza política, en un contexto en el que la inseguridad, la corrupción y el desempleo figuran entre las principales inquietudes del electorado.