El ministro de Asuntos Exteriores peruano, Hugo de Zela, ha anunciado que Perú ha decidido “demorar” la resolución sobre la emisión de un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México en Lima y procesada por su participación en el autogolpe de Pedro Castillo en 2022.
De Zela ha detallado que la decisión se postergará hasta poder consultar con miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), en especial sobre las bases de la Convención de Caracas de 1954 que ampara la solicitud de Chávez y el gobierno mexicano.
“A comienzos de diciembre estaré en Washington para hacer esta propuesta específicamente y pediríamos que se trate con la urgencia que el caso requiere”, reveló el ministro en una entrevista concedida a CNN, donde expresó su esperanza en una respuesta favorable por parte de la OEA.
Recientemente, Perú había anticipado que buscaría el consejo de la OEA, argumentando que el derecho de asilo ha sido “desvirtuado” en los últimos años, otorgándose a personas que no enfrentan persecución en democracias.
Según las autoridades peruanas, se ha abusado indebidamente de la convención, tratando como persecuciones políticas lo que son delitos comunes, y subrayan que esta no debería servir para evadir las leyes nacionales.
A inicios de noviembre, Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras descubrir que Chávez había obtenido asilo en la embajada mexicana en Lima, citando las repetidas intervenciones de México en asuntos internos peruanos, especialmente tras la detención de Castillo en diciembre de 2022.
Este asilo fue parte de un acuerdo del gobierno del entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con el anterior gobierno peruano, beneficiando a la familia de Castillo, quien se encuentra en proceso judicial por rebelión.