El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, ha dado un plazo hasta el 10 de diciembre a la Armada para que determine su postura respecto a las afirmaciones de Mark Kelly, senador demócrata y capitán retirado, sobre la desobediencia a órdenes ilegales durante conflictos en el Caribe y el Pacífico.
“El Departamento de Guerra recibió recientemente información sobre comentarios potencialmente ilegales realizados por el capitán (retirado) Mark E. Kelly en un video público, el 18 de noviembre de 2025 o alrededor de esa fecha. Refiero este asunto, y cualquier otro relacionado, para su revisión, consideración y decisión según lo considere oportuno”, indica la carta firmada por Hegseth y compartida por su departamento en la red social X.
Hegseth ha solicitado al secretario de la Armada, John Phelan, que le entregue “un resumen del resultado de su revisión a más tardar el 10 de diciembre”.
Kelly junto a otros cinco congresistas –Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan– exhortaron en un video a los militares estadounidenses a “rechazar órdenes ilegales”. “Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (…). Sabed que os apoyamos. No abandonéis el barco”, afirmaron.
Después de la difusión del video, el presidente Donald Trump los calificó de “traidores” y los acusó de “comportamiento sedicioso punible con la muerte”. El Pentágono, por su parte, inició un procedimiento este lunes para “decidir las acciones a adoptar, que pueden incluir el llamamiento al servicio activo para un consejo de guerra o medidas administrativas”, conforme al comunicado emitido por el Departamento en redes sociales.
Kelly, que sirvió en la Armada estadounidense y se retiró como capitán, participó en misiones en el golfo Pérsico y fue instructor en la Escuela de Pilotos Navales. Únicamente estaría sujeto al Código Uniforme de Justicia Militar en caso de ser llamado a servicio como reservista.
Sus polémicas declaraciones se dieron tras la muerte de al menos 83 individuos en recientes semanas, durante operativos militares de EE.UU. contra presuntos narcotraficantes en las aguas del Caribe y del Pacífico, hechos que han sido denunciados por la ONU y entidades de Derechos Humanos como ejecuciones extrajudiciales.