Gustavo Petro, presidente de Colombia, expresó su desacuerdo el pasado martes con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Álvaro Uribe, expresidente colombiano, de los cargos de soborno de testigos y fraude procesal, anulando así la sentencia previa de doce años de arresto domiciliario.
“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, declaró Petro en su perfil de la red social X, criticando que el tribunal “repite la historia”.
Petro también cuestionó la decisión del tribunal de invalidar la interceptación del teléfono de Uribe como evidencia, argumentando que infringía su derecho a la privacidad. “Afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, señaló.
El presidente colombiano relacionó los hechos con la política internacional, mencionando que Donald Trump, su homólogo estadounidense, “aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia”, en el contexto de una nueva crisis diplomática entre Bogotá y Washington por la lucha contra el narcotráfico.
Petro insinuó que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes “ya buscan el golpe de Estado” y sugirió que entre los impulsores de esta iniciativa estarían “los que están metidos en el desfalco del Fomag”. Además, ha convocado a una movilización ciudadana para este viernes en la plaza Bolívar de Bogotá para iniciar una recolección de firmas del llamado poder constituyente. “Ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo”, concluyó.
Por otro lado, Iván Duque, predecesor de Petro, celebró la decisión judicial diciendo que “se ha hecho justicia” y alabando que “la inocencia que Uribe ha probado a lo largo de su vida, y luego de tantas infamias, ha prevalecido”.
Juan Manuel Santos, antecesor de Duque y sucesor de Uribe, instó a respetar el fallo del tribunal, subrayando que “los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida”.
El juez Manuel Antonio Merchán, del Tribunal Superior de Bogotá, declaró a Uribe inocente y criticó el veredicto anterior por presentar deficiencias en la evaluación de las pruebas y errores en el análisis de testimonios y documentos.
Uribe se convirtió el 1 de agosto en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente. Además de la condena a doce años de arresto domiciliario, la jueza impuso una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (aproximadamente 720.700 euros).
La causa se originó en 2012, cuando Uribe acusó al senador Iván Cepeda de intentar comprar falsos testimonios en las cárceles sobre su relación con el origen del paramilitarismo en Antioquia, pero varios testimonios posteriormente contradijeron esta versión.