El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado este viernes del fallecimiento de 14 personas a causa de la ola de frío ártico que golpea el norte del país y ha reclamado a la Corte Constitucional que deje sin efecto la suspensión del decreto de emergencia económica “para atender el desastre y sus consecuencias”.
“Estamos ante un hecho (...) que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte. Hay 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas y 300.000 afectadas”, ha indicado el mandatario en un mensaje en redes sociales tras reunirse con el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
El jefe del Estado ha resaltado que la “corriente fría ártica” que azota actualmente a departamentos como Córdoba y Sucre carece de antecedentes, al igual que las “cantidades de lluvia” registradas en la zona. Además, ha alertado de que este fin de semana llegará “un segundo frente frío ártico” que podría provocar que “la emergencia económica, ambiental y social en la región” se extienda al resto del territorio colombiano.
“Tenemos un frente frío del ártico sobre Colombia. No es un chiste”, ha remarcado, antes de insistir en que “recortar presupuestos” en este contexto sería “un suicidio” y de anunciar que “el Ejército (actuará) derribando los diques que impiden flujos del agua en la zona de desastre y se restituirán las tierras robadas a las ciénagas y caños para mitigar las inundaciones”.
En esta línea, Petro ha arremetido contra “la codicia con que se ha manejado los embalses de agua” y ha acusado de que la operación de las termoeléctricas de gas y de las hidroeléctricas se ha orientado a favorecer a “unos terratenientes con influencia en las cortes”.
Estas palabras se producen después de que el propio presidente criticara la decisión de la Corte Constitucional de frenar el decreto de emergencia económica, al considerar que el tribunal actuó con precipitación y priorizando intereses financieros frente al interés general.
El decreto de emergencia económica fue aprobado por el Gobierno colombiano tras la decisión del Congreso, a comienzos de diciembre, de rechazar la reforma tributaria con la que se aspiraba a recaudar 16.300 millones de pesos (unos 3.700 millones de euros) para completar el presupuesto de 2026.