El presidente iraní, Masud Pezeshkian, junto al jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, han reclamado este lunes que se actúe con “compasión e indulgencia islámicas” hacia quienes no hayan tenido un papel “importante” en los disturbios vinculados a las recientes protestas antigubernamentales.
En un comunicado conjunto, las máximas autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial han subrayado la necesidad de distinguir entre los manifestantes y los “alborotadores” o principales instigadores de la violencia, según ha informado la agencia de noticias Tasnim.
En el texto, han recalcado que “además del castigo contundente a los asesinos e instigadores del terrorismo, debemos aplicar la compasión y la indulgencia islámicas hacia quienes han sido engañados (por los poderes extranjeros) y no hayan desempeñado un papel esencial en los sucesos terroristas”.
En paralelo, el comandante en jefe de la Policía iraní, Ahmad Reza Radan, se ha expresado en términos similares este mismo lunes, lanzando un ultimátum a los participantes en las protestas que se han visto envueltos “involuntariamente” en los “disturbios”. Ha asegurado que se aplicarán penas más leves a quienes se presenten ante las autoridades en un plazo de tres días.
Radan ha afirmado que “los jóvenes que involuntariamente han entrado en el caos son engañados, no soldados del enemigo”, aunque ha advertido de que los “alborotadores” y cabecillas de los “disturbios” se enfrentarán a un trato “estricto” bajo el “imperio de la ley”, de acuerdo con las declaraciones recogidas por la televisión pública IRIB.
Por otra parte, el vicepresidente de Ciencia, Tecnología y Economía, Hosein Afshin, ha anunciado que la conexión a internet se normalizará a finales de esta semana y que las actuales restricciones “se levantarán pronto”, según ha informado igualmente la agencia Tasnim.
De acuerdo con las últimas estimaciones de la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, más de 3.900 personas han perdido la vida en el país como resultado de la represión policial de las protestas contra el Gobierno, iniciadas a finales de diciembre a raíz de la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida.