La diputada brasileña Talíria Petrone ha instado al Tribunal Supremo a revisar el arresto domiciliario concedido hace unos días al expresidente Jair Bolsonaro, al considerar que habría vulnerado varias de las medidas cautelares, entre ellas la prohibición de utilizar el teléfono móvil y de acceder a redes sociales.
La iniciativa de la parlamentaria del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) se apoya en unas manifestaciones de Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, quien participó el fin de semana en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Texas. Allí aseguró haber grabado el acto con su teléfono móvil para enviárselo a su padre.
Además, Petrone ha llamado la atención sobre los vídeos que la ex primera dama Michelle Bolsonaro difunde en su canal de YouTube, en los que muestra las rutinas que sigue para mejorar su salud, al entender que también podrían chocar con las restricciones impuestas por la Justicia.
“La rutina de grabar y difundir la rutina y paradero del recluso a través de intermediarios (esposa e hijo) constituye una clara tergiversación de la sentencia. Se trata de un intento de mantener una presencia pública activa, eludiendo el aislamiento que caracteriza el régimen penitenciario”, ha advertido, según recoge G1.
La semana pasada, el Tribunal Supremo de Brasil otorgó a Bolsonaro un régimen de arresto domiciliario por 90 días para facilitar su recuperación, tras permanecer hospitalizado dos semanas, diez de esos días en una unidad de cuidados intensivos, a causa de una bronconeumonía bacteriana.
Este régimen especial está condicionado al cumplimiento estricto de varias medidas cautelares, cuya infracción supondría su reingreso inmediato en prisión. Entre ellas figuran la prohibición de utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos que permitan comunicarse con el exterior, tanto de forma directa como a través de terceras personas.
También tiene vetado el acceso a redes sociales, así como la grabación y difusión de vídeos o audios, y está obligado a llevar una tobillera electrónica. La manipulación de este dispositivo a finales de 2025 provocó su envío a prisión poco antes de que se conociera su condena a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022.
Para la diputada, ha quedado nuevamente acreditado que Bolsonaro se ha “burlado” de las medidas cautelares, esta vez recurriendo a intermediarios para mantener su presencia ante la opinión pública. Por ello ha pedido a la Fiscalía que solicite al Tribunal Supremo el fin del arresto domiciliario y ordene su retorno a la cárcel.
El juez del Supremo e instructor de la causa por el golpe de Estado, Alexandre de Moraes, ya ha requerido a la defensa del expresidente brasileño que presente sus alegaciones en un plazo máximo de 24 horas.
Eduardo Bolsonaro reclama “presión diplomática” desde Estados Unidos
Eduardo Bolsonaro, reclamado por la Justicia brasileña por supuestamente tratar de obstaculizar el proceso contra su padre por el golpe de Estado, ha pedido “presión diplomática” en favor del exmandatario en un acto celebrado en Estados Unidos, país en el que permanece autoexiliado desde febrero de 2025.
“Hay que ejercer presión diplomática para garantizar que nuestras instituciones funcionen correctamente” y “lograr elecciones libres y justas basadas en los valores estadounidenses”, afirmó en la CPAC, donde acusó al Gobierno de Joe Biden de interferir en las últimas elecciones para colocar en el poder a “un socialista que odia América”, en referencia al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.