El Ejecutivo de Portugal, encabezado por el primer ministro conservador Luis Montenegro, ha dado este jueves “luz verde” a un proyecto de ley de ocho puntos destinado a acelerar la deportación de migrantes en situación irregular en el país. El texto incluye, entre otras medidas, la ampliación del tiempo máximo de internamiento en los centros de detención temporal, que pasará de los actuales dos meses a un límite potencial de hasta 18 meses.
“Para tener una política de inmigración regulada y humanista, tenemos que valorar y tratar adecuadamente e integrar a aquellos que vienen y llegan por los canales legales, pero para aquellos que prefieren la ilegalidad o se ha puesto en manos de redes de inmigración ilegal, tiene que haber consecuencias”, ha defendido el ministro de la Presidencia portugués, Antonio Leitao Amaro.
El anteproyecto –ya sometido a consulta pública y que aún deberá ser debatido y votado en la Asamblea de la República– persigue ampliar los plazos de detención en los centros de internamiento temporal hasta un máximo inicial de seis meses, prorrogables por otros seis meses adicionales y, en último término, hasta un tope total de 18 meses, según ha detallado Leitao Amaro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, la propuesta legislativa prevé alargar los periodos de prohibición de entrada al territorio portugués para aquellas personas que hayan sido expulsadas de manera forzosa a su país de origen. También incorpora disposiciones específicas para evitar que la solicitud de estatus de refugiado o de asilo se utilice como mecanismo dilatorio con el fin de retrasar o impedir la ejecución de una orden de expulsión.
“Las leyes de inmigración están para cumplirlas: quien lo haga será bienvenido en el país. La comunidad deberá hacer esfuerzos para ayudar a la integración”, ha argumentado el ministro, subrayando que esta iniciativa se enmarca en la continuidad de las líneas de actuación en materia migratoria puestas en marcha en 2024.
Durante su comparecencia, Leitao Amaro ha recordado el caso de los 38 ciudadanos marroquíes que accedieron de forma irregular a Portugal y que fueron finalmente liberados de los centros de acogida temporal en los que se encontraban, después de que se superara el plazo máximo de internamiento. Según el Gobierno, se habrían acogido a “tácticas dilatorias previstas en la legislación vigente para posponer su expulsión forzosa”.
“Con ese fin, presentaron solicitudes de asilo o protección internacional, recursos judiciales con efecto suspensivo y no presentaron documentación”, señaló el Gobierno entonces, defendiendo que había “falta de condiciones legales, materiales y organizativas para la ejecución rápida y efectiva de las expulsiones forzosas”.
El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ya promulgó en octubre de 2025 una reforma de la ley de extranjería, aprobada un mes antes por la Asamblea, que revisaba el régimen de permisos de residencia, fomentaba la llegada de trabajadores extranjeros cualificados y fijaba nuevos límites a la reagrupación familiar de inmigrantes.