QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Presidencia palestina ha rechazado con firmeza el reciente anuncio de las autoridades israelíes sobre la construcción de más de 750 nuevas viviendas en asentamientos situados en Cisjordania, una iniciativa que ha calificado como “un intento de socavar los esfuerzos internacionales para detener la violencia” y estabilizar el escenario en Oriente Próximo.
El portavoz presidencial, Nabil abú Rudaina, ha definido esta medida como “inaceptable” y como “una violación de la legitimidad internacional y el Derecho Internacional”, remarcando además que “estas decisiones coloniales no darán legitimidad o seguridad a nadie”.
En esta línea, ha recalcado que Israel “tiene total responsabilidad de las peligrosas consecuencias de esta política destructiva, que busca incendiar la región, arrastrarla a un ciclo de violencia y guerra y minar cualquier esfuerzo para sacarla de la actual agitación”, de acuerdo con las declaraciones difundidas por la agencia oficial palestina WAFA.
Abú Rudaina ha instado igualmente a Washington a intervenir de forma directa. “Pedimos a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que presione a las autoridades de ocupación para que den marcha atrás en su política de asentamientos, sus intentos de anexión y expansión, y el robo de tierra palestina”, ha manifestado, reclamando al mismo tiempo a Estados Unidos que “fuerce” a Israel a “ceñirse al Derecho Internacional”.
Según ha añadido, “esto es esencial para garantizar el éxito de los esfuerzos de Trump para detener la guerra y lograr estabilidad en la región”, aludiendo a la propuesta del dirigente estadounidense para la Franja de Gaza, cuya primera fase comenzó a implementarse tras el acuerdo alcanzado en octubre entre el Ejecutivo israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
El nuevo proyecto de ampliación de los asentamientos fue anunciado el miércoles por el ministro de Finanzas de Israel, el dirigente ultraderechista Bezalel Smotrich, quien detalló que se levantarán otras 764 viviendas en los asentamientos de Hashmonaim, Beitar Illit y Givat Zeev. El propio Smotrich presentó la iniciativa como “un claro paso estratégico para reforzar los asentamientos y garantizar la continuación de la vida, la seguridad y el crecimiento”.
Con esta decisión, el volumen total de viviendas aprobadas desde que Smotrich asumió la cartera de Finanzas a comienzos de 2023 asciende a 51.370 unidades en asentamientos situados en Cisjordania y Jerusalén Este, de acuerdo con los datos publicados por el diario “The Times of Israel”.
Mientras el Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, el Gobierno israelí mantiene una distinción entre los enclaves a los que ha otorgado autorización oficial y aquellos que no cuentan con ese permiso, como este último grupo, que son los únicos que reconoce como contrarios a su propia legislación.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya determinó en julio que la política israelí de asentamientos vulnera la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzoso de población y que, especialmente en lo relativo al uso de los recursos naturales y a la aplicación de leyes nacionales en esos territorios, constituye un intento de anexión y resulta incompatible con el Derecho Internacional.
