QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Presidencia palestina ha expresado una firme condena al anuncio de las autoridades israelíes sobre la construcción de más de 750 viviendas adicionales en asentamientos situados en Cisjordania, una decisión que ha calificado como “un intento de socavar los esfuerzos internacionales para detener la violencia” y estabilizar la región de Oriente Próximo.
El portavoz de la Presidencia palestina, Nabil abú Rudaina, ha definido este movimiento como “inaceptable” y como “una violación de la legitimidad internacional y el Derecho Internacional”, insistiendo en que “estas decisiones coloniales no darán legitimidad o seguridad a nadie”.
Rudaina ha recalcado que Israel “tiene total responsabilidad de las peligrosas consecuencias de esta política destructiva, que busca incendiar la región, arrastrarla a un ciclo de violencia y guerra y minar cualquier esfuerzo para sacarla de la actual agitación”, de acuerdo con las declaraciones difundidas por la agencia oficial palestina de noticias WAFA.
En este contexto, el portavoz ha señalado que “pedimos a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que presione a las autoridades de ocupación para que den marcha atrás en su política de asentamientos, sus intentos de anexión y expansión, y el robo de tierra palestina”, reclamando además a Washington que “fuerce” a Israel a “ceñirse al Derecho Internacional”.
Según ha añadido, “esto es esencial para garantizar el éxito de los esfuerzos de Trump para detener la guerra y lograr estabilidad en la región”, aludiendo a la iniciativa del entonces mandatario sobre la Franja de Gaza, cuya fase inicial comenzó a aplicarse tras el acuerdo alcanzado en octubre entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
El nuevo programa de construcción en asentamientos salió a la luz el miércoles, cuando el ministro de Finanzas de Israel, el dirigente ultraderechista Bezalel Smotrich, detalló que se autorizará el levantamiento de otras 764 viviendas en los asentamientos de Hashmonaim, Beitar Illit y Givat Zeev, operación que describió como “un claro paso estratégico para reforzar los asentamientos y garantizar la continuación de la vida, la seguridad y el crecimiento”.
Con esta decisión, el total de proyectos residenciales aprobados desde la llegada de Smotrich al Ministerio de Finanzas, a comienzos de 2023, asciende a 51.370 viviendas en asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este, según ha informado el diario ‘The Times of Israel’.
Aunque el Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos levantados en los Territorios Palestinos Ocupados, el Ejecutivo israelí distingue entre aquellos que cuentan con su autorización y los que no, como es el caso de este último tipo de enclaves, que son los únicos que reconoce como contrarios a su propia legislación.
No obstante, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó en julio que la política de asentamientos de Israel vulnera la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzoso de población y que, especialmente en lo relativo a la explotación de los recursos naturales y a la aplicación de leyes nacionales en esos territorios, constituye un intento de anexión y es contraria al Derecho Internacional.
