QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), la jueza Tomoko Akane, ha expresado su preocupación este lunes por las ‘medidas coercitivas’ y ‘amenazas’ que han sido emitidas recientemente por Estados Unidos y Rusia, países que rechazan la autoridad del tribunal, situado en La Haya, Países Bajos.
‘El año pasado recordé (…) los peligros que se ciernen sobre esta noble institución, el Derecho Internacional, la justicia internacional y, en última instancia, la humanidad. Prometí (…) que nunca nos rendiríamos ante las medidas coercitivas, las amenazas, el sabotaje o la violencia. Tanto la predicción como la propuesta se hicieron realidad’, ha declarado.
‘Permítanme ser explícita: nunca aceptaremos ningún tipo de presión sobre la interpretación el marco estatutario ni sobre la resolución de casos’, ha zanjado, recordando que el Estatuto de Roma proporciona métodos legales sin que los Estados ‘menoscaben la independencia e imparcialidad del tribunal’ y los alienta a ‘recurrir a consultas si detectan problemas en las solicitudes de cooperación’.
Akane ha criticado que ‘Estados Unidos haya sancionado a nueve funcionarios, incluidos seis jueces, junto a terroristas y narcotraficantes’, resaltando que ‘sus vidas personales y familiares se ven perturbadas y su capacidad para realizar transacciones financieras se ve interrumpida, también en los Estados parte, incluida Europa’.
Además, ha señalado que un tercio de los jueces del TPI y la totalidad de su Presidencia están bajo órdenes de arresto por parte de Rusia: ‘Hasta donde sabemos, estos funcionarios han sido acusados y arrestados ‘in absentia’, y las audiencias se están celebrando en su ausencia’. ‘Esto tendrá un impacto evidente en su seguridad personal’, ha manifestado.
‘Estas medidas coercitivas tienen como objetivo evidente socavar la existencia y la reputación del tribunal, la integridad de sus procedimientos judiciales y la seguridad y la tranquilidad de sus funcionarios’, ha dicho durante la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea de los Estados partes del Estatuto de Roma del TPI en La Haya.
No obstante, la jueza ha defendido que la respuesta del TPI ha sido ‘absolutamente inequívoca’, alegando que su ‘independencia e imparcialidad’ son sus ‘pilares’ y ‘no se han visto afectados’. ‘Nuestra lealtad se limita exclusivamente al Estatuto de Roma y al Derecho Internacional’, ha concluido.
Así, ha señalado que han adoptado ‘diversas medidas para mitigar el impacto’ de las sanciones y fortalecer su ‘resiliencia’, pero no ha querido detallar las medidas adoptadas alegando que ‘la mayoría’ son ‘confidenciales para garantizar su eficacia’.
Por otro lado, ha aprovechado la ocasión para agradecer a los Estados que han colaborado con la institución para ‘encontrar soluciones’, y ha aseverado que continuará sus ‘esfuerzos para aumentar el número de Estados partes y agradecer el compromiso de los socios de la sociedad civil para sensibilizar y promover la ratificación universal’.
Horas antes, la ONG Human Rights Watch (HRW) había instado a los países miembro del TPI a ‘mantenerse firmes’ en su defensa del tribunal, así como a hacer cumplir las resoluciones judiciales contra aquellos que no arresten ni entreguen a las personas buscadas por esta entidad, mientras que había señalado a algunos aquellos que la han ‘atacado’, como Washington o Moscú.
El tribunal ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos desde que emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra en el marco de la ofensiva en la Franja de Gaza, que ha dejado más de 70.000 muertos en dos años. En cuanto a Rusia, pesa una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por presuntos crímenes en Ucrania.
POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO
Por otro lado, la presidenta del TPI ha declarado que el tribunal ‘se compromete a mejorar su cultura laboral, y la dirección aplica una política de tolerancia cero contra el acoso, incluido el acoso sexual, así como contra la discriminación y el abuso de autoridad’.
‘La Presidencia y el pleno de jueces, así como el tribunal en su conjunto, toman este asunto con absoluta seriedad. En los casos en que teníamos autoridad, de conformidad con el marco legal, hemos exigido responsabilidades a quienes correspondía, incluyendo a un funcionario electo este año, para proteger al personal afectado, con prontitud, imparcialidad y en cumplimiento del debido proceso’, ha dicho.
Con todo, ha mencionado que el TPI también está trabajando para ‘mejorar sus sistemas y procesos internos, así como la carta de ética’, al tiempo que han publicado los ‘valores fundamentales para todo el tribunal’.
