Tomoko Akane, presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), ha expresado su preocupación este lunes sobre las “medidas coercitivas” y “amenazas” que ha recibido el tribunal por parte de Estados Unidos y Rusia, naciones que rechazan su jurisdicción. Estos comentarios se dieron durante un evento en La Haya, donde se encuentra la sede principal del TPI.
“El año pasado recordé (…) los peligros que se ciernen sobre esta noble institución, el Derecho Internacional, la justicia internacional y, en última instancia, la humanidad. Prometí (…) que nunca nos rendiríamos ante las medidas coercitivas, las amenazas, el sabotaje o la violencia. Tanto la predicción como la propuesta se hicieron realidad”, afirmó Akane.
“Permítanme ser explícita: nunca aceptaremos ningún tipo de presión sobre la interpretación el marco estatutario ni sobre la resolución de casos”, declaró, recordando que el Estatuto de Roma proporciona mecanismos legales para mantener la “independencia e imparcialidad del tribunal” e invitando a los Estados a “recurrir a consultas si detectan problemas en las solicitudes de cooperación”.
Akane también mencionó las sanciones impuestas por Estados Unidos a nueve de sus funcionarios, incluidos seis jueces, comparándolos con terroristas y narcotraficantes, lo cual perturba sus vidas personales y limita sus transacciones financieras, incluso en territorio europeo. Además, destacó que un tercio de los jueces del TPI y toda su Presidencia están bajo órdenes de arresto por parte de Rusia, realizando las audiencias “in absentia”, lo que representa un riesgo para su seguridad personal.
“Estas medidas coercitivas tienen como objetivo evidente socavar la existencia y la reputación del tribunal, la integridad de sus procedimientos judiciales y la seguridad y la tranquilidad de sus funcionarios”, explicó durante la apertura de la Asamblea de los Estados partes del Estatuto de Roma del TPI. No obstante, aseguró que la respuesta del tribunal ha sido “absolutamente inequívoca” y que su “independencia e imparcialidad” permanecen intactas, reafirmando su compromiso exclusivo con el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional.
Con respecto a las medidas para contrarrestar las sanciones y aumentar su resiliencia, Akane indicó que aunque la mayoría son confidenciales para asegurar su efectividad, el TPI ha tomado diversas acciones. Asimismo, agradeció a los Estados que han colaborado con el tribunal para encontrar soluciones y prometió continuar trabajando para incrementar el número de Estados partes y el compromiso con la sociedad civil para promover la ratificación universal.
Antes de estas declaraciones, la ONG Human Rights Watch había instado a los países miembros del TPI a defender firmemente el tribunal y a hacer cumplir las resoluciones judiciales contra quienes no arresten ni entreguen a las personas buscadas por esta entidad, señalando a naciones como Estados Unidos y Rusia por atacar al tribunal.
Recientemente, el TPI ha enfrentado sanciones de Estados Unidos tras emitir una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra en Gaza, que ha resultado en la muerte de más de 70.000 personas en dos años. Por su parte, Rusia también ha emitido una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por presuntos crímenes en Ucrania.
Finalmente, Akane destacó el compromiso del TPI para mejorar su cultura laboral, aplicando una política de tolerancia cero contra el acoso, la discriminación y el abuso de autoridad, y mencionó la mejora continua en los sistemas y procesos internos del tribunal, incluyendo una carta de ética y los valores fundamentales.