El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, ha impuesto un toque de queda en cinco provincias, incluyendo Chimboronazo, situada en el corazón del país, tras el llamamiento a una huelga indefinida por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en respuesta a la eliminación del subsidio al diésel.
“La medida restringe la libertad de circulación entre las 22.00 y las 5.00 horas en Imbabura, Bolívar, Carchi y Chimborazo”, provincia recién incorporada al estado de excepción instaurado por Noboa, limitando el derecho a la reunión por 60 días.
Noboa justificó esta acción señalando que en estas provincias, al igual que en Pichincha, Azuay, Cotopaxi y Santo Domingo, ha aumentado la obstrucción de calles, “impidiendo el libre tránsito de personas y vehículos, afectando garantías, libertades y derechos de los ciudadanos, así como el normal desenvolvimiento de sus actividades personales, económicas, comerciales y laborales”, según el documento oficial.
Según ‘Primicias’, el decreto subraya el respeto al derecho a la protesta pacífica pero recalca que las manifestaciones entre el “13 y 18 de septiembre” han perturbado la rutina diaria de los ciudadanos. Además, fuerzas del orden tendrán autoridad para “impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad”.
En un comunicado, la Presidencia afirmó que la medida “no es represión” y advirtió que aquellos que participen en actos de terrorismo o violencia serán sancionados según la ley, acusando a la oposición de “sembrar dudas e imponer sus exigencias sobre el mandato popular”.
Asimismo, se ha aprovechado para promover la idea de una Asamblea Constituyente como una oportunidad “histórica”, criticando a los detractores de la consulta popular y la propuesta de Asamblea Constituyente, que la oposición considera insuficiente para resolver los problemas nacionales.
Este anuncio llega después de que Conaie anunciara un paro nacional, inmediato e indefinido, exigiendo la derogación del fin del subsidio al diésel, una reducción del IVA del 15 al 12 por ciento, la creación de un parlamento plurinacional y expresando su rechazo a la consulta popular y a la propuesta de una Asamblea Constituyente.
El Gobierno ha anunciado medidas de apoyo al sector afectado por la eliminación del subsidio al combustible, incluyendo la entrega de un bono a 55.000 nuevas familias beneficiarias, la devolución del IVA a personas mayores y una compensación económica para 23.300 conductores de transporte público, quienes recibirán entre 400 y 1.000 dólares mensuales.