La Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha declarado recientemente que no se ha pedido desde Estados Unidos el uso de su territorio para realizar ataques contra los venezolanos. Aseguró que Puerto España no se involucrará en acciones que puedan dañar a Venezuela, en un contexto donde la presencia de marines estadounidenses en la isla ha incrementado las tensiones.
«Estados Unidos nunca ha solicitado el uso de nuestro territorio para lanzar ataques contra el pueblo venezolano», enfatizó Persad-Bissessar en una declaración en la red social X, aclarando además que su gobierno no formará parte de ninguna actividad que perjudique a Venezuela y que mantienen una relación pacífica con su pueblo.
La líder trinitense también destacó la soberanía de Trinidad y Tobago, mencionando que no siguen automáticamente las directrices de Estados Unidos ni de otros bloques como CARICOM, a los que criticó por su postura frente a Venezuela. A su vez, ha subrayado los desafíos que enfrenta su nación relacionados con el tráfico ilegal de drogas y armas, lo que impide considerarse una zona de paz completa.
Además, ha justificado la cooperación militar con Estados Unidos, que se ha visto reflejada en ejercicios conjuntos recientes con las fuerzas de defensa trinitenses, basada en un acuerdo militar extendido por su antecesor, Keith Rowley. Este acuerdo, según Persad-Bissessar, obliga a Trinidad y Tobago a colaborar en entrenamientos militares regionales con el ejército estadounidense.
Esta declaración surge tras críticas de Rowley, quien acusó al gobierno actual de poner en riesgo al país por perder la neutralidad y situarse en medio de una posible confrontación entre Washington y Caracas. Rowley aseguró que el acuerdo firmado durante su mandato no compromete a la nación a violar la Carta de Naciones Unidas ni a intervenir militarmente.
Finalmente, Persad-Bissessar ha defendido la reciente bienvenida a las tropas estadounidenses, argumentando que su presencia ha contribuido significativamente a reducir el tráfico ilegal, beneficiando a Trinidad y Tobago en su lucha contra redes criminales transnacionales.