El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) ha expresado este lunes su rechazo frontal a la incorporación de Luis Motta Domínguez al Gobierno como viceministro, en el contexto de la reciente reestructuración de la Presidencia dirigida por Delcy Rodríguez. La formación recuerda que sobre el funcionario pesan presuntos vínculos con el narcotráfico, por los que las autoridades de Estados Unidos mantienen una recompensa de hasta cinco millones de dólares.
“Rechazamos la designación de Luis Motta Domínguez, en Gaceta Oficial 6984, como viceministro de seguimiento de la gestión de Gobierno”, ha manifestado Primero Justicia en redes sociales, donde ha señalado que “Motta Domínguez está solicitado por la DEA por presunta asociación al narcotráfico, con una recompensa de hasta cinco millones de dólares (4,2 millones de euros)”.
El partido ha recordado que el actual viceministro ya estuvo al frente del Ministerio de Energía Eléctrica en el Gobierno de Nicolás Maduro entre 2015 y 2019 y que desde ese año figura sancionado por Estados Unidos “por 'corrupción significativa' vinculada a su paso por Corpoelec”, la Corporación Eléctrica Nacional.
Según ha subrayado PJ, “según investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), habría recibido sobornos millonarios a cambio de adjudicar contratos”.
“Exigimos su destitución inmediata y comparecencia ante la Justicia por los delitos de los que se le acusan, como a su vez, la separación absoluta de toda actividad política que comprometa la transición que está por consolidarse en el país”, ha reclamado Primero Justicia, que considera que una acción “destinada a entorpecer el cambio político en el país no frenarán la sed de justicia de los venezolanos”.
El ascenso de Motta Domínguez se ha producido un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hiciera público el cierre de siete entes vinculados a la Presidencia y creados entre los años 2000 y 2016. El propio PJ definió este proceso como “el desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo” y reclamó que se trate de “un proceso real”.