Más de 120 personas perdieron la vida en una operación policial en Río de Janeiro, lo que ha provocado que miles de ciudadanos salieran a las calles este viernes para expresar su repudio. La operación, catalogada como la más mortífera realizada por las autoridades estatales, ha suscitado un amplio rechazo, especialmente en los barrios de Penha y Alemao.
Los manifestantes se reunieron en un campo de fútbol en Penha, portando pancartas que condenaban la acción policial y criticaban al gobernador Claudio Castro. Al evento también se unieron familiares de víctimas de operativos anteriores, marcados por la tragedia y el dolor. Una madre afligida compartió con la Agencia Brasil: «Siento el dolor de estas madres. Fue un shock tremendo ver que un joven fue asesinado en el mismo lugar donde murió mi hijo».
El objetivo de la operación policial era desarticular una red del Comando Vermelho, llevando a la movilización de aproximadamente 2.500 agentes. El saldo trágico incluyó 121 muertos, con cuatro policías entre ellos. Los cuerpos se acumularon en la Plaza Sao Lucas, evidenciando la magnitud de la tragedia.
En palabras de Raimunda de Jesús, líder sindical y manifestante: «Nosotros, que vivimos en las periferias, sufrimos discriminación. Pero el Estado no puede vernos como enemigos. El Estado tiene que tratar y cuidar a su pueblo, a toda su población». Además, el juez Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo de Brasil ha citado al gobernador para que explique los detalles de la operación en una audiencia próxima.
Finalmente, la ONU ha pedido una reforma profunda en los métodos de la policía brasileña. Volker Turk, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, enfatizó la necesidad de ajustar las operaciones de seguridad a los estándares internacionales para evitar la brutalidad extrema: «Brasil necesita acabar con el ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones de seguridad pública estén en sintonía con los patrones internacionales sobre el uso de la fuerza».