El veterano periodista Don Lemon, arrestado este viernes mientras cubría unas protestas en los alrededores y el interior de una iglesia en Saint Paul, en el estado de Minnesota, donde un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejerce como pastor, ha sido finalmente liberado: "He dedicado toda mi carrera a cubrir las noticias. No voy a parar ahora", ha afirmado tras salir de custodia.
Durante una breve comparecencia tras su puesta en libertad, el comunicador ha subrayado que "no hay momento más importante que este preciso instante para unos medios de comunicación libres e independientes que sacan a la luz la verdad y exigen responsabilidades a los que están en el poder".
En esa misma intervención, Lemon ha insistido en que su propósito es "no parar nunca" de informar sobre sucesos como los que han desembocado en su arresto y ha mostrado su respaldo a los "innumerables periodistas que hacen lo mismo" que él en distintos lugares del país.
"Estoy con todos ellos y no me callarán", ha recalcado Don Lemon, al tiempo que ha recordado que "la Primera Enmienda de la Constitución protege (el) trabajo" que ha venido realizando "durante los últimos 30 años", centrado en "cubrir las noticias".
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, había comunicado horas antes la detención, practicada este mismo viernes "temprano". Junto a Lemon fueron arrestadas otras tres personas, entre ellas la también periodista Georgia Fort, todas ellas "en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota".
Posteriormente, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, precisó que a Lemon se le imputan "delitos federales contra los derechos civiles", en concreto cargos de conspiración y de interferir en los derechos de otra persona amparados por la Primera Enmienda, según recogió la cadena NBC News.
El reportero fue arrestado en Los Angeles, adonde se había desplazado para informar sobre la ceremonia de entrega de los premios Grammy, de acuerdo con la versión de su abogado, Abbe Lowell, quien ha calificado lo ocurrido como un "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda" y un "intento de distraer la atención de las muchas crisis que enfrenta" la Administración del presidente Donald Trump.