QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Ocho empleados humanitarios detenidos en Burkina Faso bajo la acusación de espionaje por parte de la junta militar encabezada por Ibrahim Traoré han sido finalmente puestos en libertad, tal y como ha confirmado la organización no gubernamental neerlandesa International NGO Safety Organisation (INSO).
“INSO celebra la liberación de nuestros compañeros y agradece el apoyo que lo hizo posible”, ha indicado la organización en un comunicado remitido a Europa Press, en el que subraya además que, como entidad humanitaria, mantiene su compromiso de respaldar a otras ONG para que puedan proporcionar ayuda de forma segura a las personas que la requieren.
La organización, que ha enfatizado que se esfuerza “por defender los principios humanitarios” en todas las regiones donde desarrolla su labor, centra su trabajo en ofrecer análisis y asesoramiento sobre el contexto de seguridad en Burkina Faso, con el fin de que las ONG operen en condiciones más seguras al atender a las comunidades afectadas por el conflicto.
Entre los arrestados figuraban el responsable máximo de INSO en Burkina Faso, Jean Christophe Emile Pégon; la directora adjunta, Guisse Aminata, de nacionalidad franco-senegalesa; el director de programas, Muzik Thomas, de nacionalidad checa; así como un ciudadano de Malí y otros cuatro trabajadores burkineses.
El ministro de Seguridad de Burkina Faso, Mahamadu Sana, acusó públicamente a la organización de constituir “una red de espionaje”. “En violación de la legislación vigente en nuestro país, esta ONG se dedica a la recopilación sistemática de todo tipo de información relacionada con las actividades políticas, administrativas y de seguridad del país”, afirmó.
Las autoridades de Uagadugú ya habían decidido a finales de junio suspender las actividades de INSO “ante los graves y preocupantes hechos”, aunque la organización ha rechazado “de forma categórica” estos señalamientos y ha defendido que ha colaborado plenamente con las instituciones burkinesas para aclarar cualquier inquietud sobre su labor en el territorio.
“Las autoridades burkinesas eran y siguen siendo totalmente conscientes de nuestro trabajo y nuestro mandato. Operamos en Burkina Faso desde 2019 a raíz de peticiones para apoyar a ONG allí y estamos registrados con los ministerios relevantes, en línea con las leyes locales”, recordó la ONG el pasado mes de octubre.
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) criticó la detención “injusta” de los cooperantes y advirtió de que estos arrestos, realizados en plena emergencia humanitaria, envían “el alarmante mensaje” de que las organizaciones “operan al capricho de una junta que parece poco preocupada por las personas necesitadas”.
HRW ha sostenido que, en el marco de la lucha contra grupos armados, las fuerzas de seguridad de Burkina Faso han desarrollado operaciones de contrainsurgencia marcadas por abusos generalizados contra la población civil, incluidos asesinatos masivos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Asimismo, la ONG ha denunciado un patrón de represión, desapariciones y reclutamientos ilegales.
