Este jueves, el Parlamento de Ucrania, conocido como la Rada Suprema, ha dado luz verde a una legislación que deroga una previa que colocaba bajo el control del fiscal general a la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y a la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO). Este cambio se produce después de la exposición de severas críticas por parte de aliados europeos y varias organizaciones.
La aprobación de la ley se logró con un apoyo considerable, contando con 331 votos a favor de un posible total de 450 diputados. Esta decisión fue impulsada por una propuesta de enmienda del presidente Volodimir Zelenski, quien optó por retractarse de una norma anterior que él mismo había validado y que limitaba a estas dos entidades.
Inicialmente, la legislación promovida por Zelenski permitía a la Fiscalía intervenir directamente en las investigaciones, lo que incluía la posibilidad de archivar o reorientar los casos. Sin embargo, el presidente de Ucrania indicó que con la ley se buscaría un «fortalecimiento real del orden público en Ucrania, la independencia de los organismos anticorrupción y una protección fiable ante cualquier influencia o injerencia rusa». No obstante, cedió ante la presión internacional y promovió este nuevo marco legal que revoca la normativa previa.
Con la implementación de la nueva ley, Zelenski enfatiza que se garantiza el «fortalecimiento del sistema» que inicialmente se pretendía, sin comprometer la independencia de las agencias implicadas.