La Presidencia de Madagascar ha expresado su rechazo “firmemente” al veredicto del Tribunal Constitucional que confirmó la vacancia presidencial tras la partida del presidente Andry Rajoelina, subrayando que el mandatario continúa en su puesto a pesar de la declaración de una unidad élite del ejército anunciando su destitución y el inicio de un período transitorio, en un contexto de crisis política intensificada por protestas antigubernamentales recientes.
El martes, el Tribunal Constitucional declaró que la presidencia estaba vacante después de que Rajoelina comunicara que se había trasladado a un “lugar seguro” no revelado tras denunciar un intento de golpe de Estado, otorgando el liderazgo a Michael Randrianirina, dirigente del Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT). Este último, alineado con los manifestantes desde el sábado, anunció la formación del Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT), incluyendo la anulación de la Constitución de 2010 y la suspensión de varias instituciones, entre ellas el Tribunal Constitucional y el Senado, tras la aprobación de una moción de censura contra Rajoelina por la Asamblea Popular.
Ante estos eventos, la Presidencia malgache ha declarado a través de un comunicado en Facebook que el dictamen del Tribunal está “plagado de múltiples fallos, tanto de fondo como de forma”, calificándolo de “ilegal, irregular e inconstitucional” y un “ataque a los pilares de la República y la estabilidad del orden constitucional y el Estado de derecho”.
Además, ha señalado que la solicitud para evaluar la vacancia presidencial fue “de una irregularidad manifiesta”, presentada por el vicepresidente de la Asamblea Nacional sin las competencias necesarias, y que el fallo “no fue emitido en debida forma”, sugiriendo la posibilidad de “actos de corrupción”.
La Presidencia ha criticado también la toma del poder por la fuerza por una facción militar y ha comunicado a los manifestantes que este acto representa “lo contrario a los valores que defienden”, ya que se basa en una “violación manifiesta del Estado de derecho, pilar de los principios democráticos, lo que amenaza los esfuerzos conjuntos contra la corrupción, la pobreza y para mejorar la gobernanza del país”.
Rajoelina, reelecto en las controvertidas elecciones de 2023, ha desoído las exigencias de los jóvenes manifestantes que piden su renuncia en un país marcado por múltiples golpes de Estado desde su independencia de Francia en 1960, y cuyas recientes protestas reflejan profundas insatisfacciones con el gobierno, el acceso a servicios básicos y la corrupción endémica.