El Gobierno boliviano ha reiterado que la Policía no regresará al Trópico de Cochabamba, un área clave para el expresidente Evo Morales, hasta asegurar completamente la seguridad tanto de los agentes como de sus familias, especialmente en un contexto de constantes manifestaciones en la región desde hace un mes.
Roberto Ríos, ministro de Gobierno, ha señalado que los seguidores de Morales han perpetrado ataques y amenazas no solo contra los policías, sino también contra sus allegados, en un período donde la violencia ha escalado y la población ha optado por tomar la justicia en sus propias manos.
«Un control político del territorio, que impide que la Policía y los órganos encargados de la persecución penal puedan sentar presencia del Estado», explicó Jhonny Aguilera, viceministro del Interior, este lunes. Aguilera también comentó que las acciones de estos grupos buscan amparar las «actividades ilícitas».
En declaraciones para Bolivia TV, se mencionó que con la retirada de la Policía se busca «mantener una autonomía frente a intervenciones estatales, que son percibidas como amenazas al poder local».
Hace aproximadamente un mes, después de protestas violentas organizadas por aliados de Morales, la Policía se vio forzada a evacuar la región. Estos grupos demandan que Morales sea habilitado para participar en las elecciones de agosto.
La firme oposición en Cochabamba ha obstruido los intentos de captura de Morales, quien se refugia en Lauca Eñe a pesar de múltiples órdenes de arresto relacionadas con un supuesto delito de trata de seres humanos derivado de una relación con una adolescente de 16 años, de la cual nació un niño, durante su presidencia.
La Policía ha justificado su incapacidad para ejecutar estas órdenes debido a la incapacidad de garantizar la seguridad de sus miembros y de quienes resguardan a Morales. En las últimas semanas, al menos cuatro policías han fallecido en enfrentamientos en diversas localidades de Cochabamba.