QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha decidido no retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, imposibilitando así que enfrente cargos por presunta corrupción vinculados a unas consultorías financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Con una votación de 34 votos a favor y 21 en contra, no se lograron los 38 votos requeridos para la retirada de la inmunidad de Chaves. La mayoría de Unidad Social Cristiana y todos los diputados de Nueva República se opusieron a la medida, y se registró la ausencia de dos parlamentarios durante la sesión, según informó ‘La Nación’. La negativa a que Chaves defienda su posición ante el órgano legislativo fue otro de los puntos destacados.
La Asamblea Legislativa comunicó que el caso no se llevará ante el Tribunal Supremo, sino que se pospondrá hasta la conclusión del mandato presidencial de Chaves, tal como se explicó en un vídeo difundido por la red social X.
El fiscal general, Carlo Díaz, enfatizó que la decisión de la Asamblea «no significa que la investigación concluya ni que la acción penal se extinga», sino que «la causa se mantendrá a la espera de que el presidente no cuente con inmunidad y se pueda reanudar la investigación mediante el trámite ordinario».
«La Fiscalía reafirma su compromiso de actuar con objetividad, independencia y respeto al marco legal en esta lucha contra la delincuencia y la corrupción», expresó en un documento divulgado por CR Hoy.
Previamente, el Tribunal de Corte Plena había pedido despojar de su inmunidad a Chaves para que respondiera por un contrato de más de 400.000 dólares (más de 339.500 euros) financiado por el BCIE. La solicitud incluía también al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, acusado de los mismos delitos en su rol anterior como jefe de la oficina del presidente.
Según las acusaciones, Chaves habría exigido a un empresario una suma de 32.000 dólares (aproximadamente 27.160 euros) a cambio de un contrato con la Presidencia. La Fiscalía alega que el contrato fue diseñado específicamente para favorecer a la empresa involucrada, RMC La Productora S.A., que debía prestar servicios a la Presidencia entre 2022 y 2026, destacando irregularidades en el proceso de adjudicación.
