Este miércoles, la residencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, fue inspeccionada por la Fiscalía de Perú. La acción se llevó a cabo en el distrito de San Borja en Lima, como parte de una indagación que lo acusa de estar involucrado en múltiples delitos, entre ellos, recibir pagos ilegales y beneficiar a una entidad minera.
La intervención ocurre justo antes de que el Tribunal Constitucional delibere sobre varios recursos presentados por Nicanor Boluarte, quien anteriormente estuvo detenido por dos meses en prisión preventiva acusado de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal, en el caso conocido como ‘Waykis en la Sombra’.
En esta ocasión, la Fiscalía le imputa al hermano de la líder de la nación diversas ilegalidades cometidas en la Defensoría de la Policía, como aceptar sobornos para mantener a generales en sus puestos, ocultar pruebas y favorecer a la compañía minera El Dorado.
El operativo, denominado ‘Ícaro’, se está efectuando también en otros lugares y viviendas de individuos asociados a Nicanor Boluarte. Su equipo legal ha declarado que su cliente está siendo objeto de un «abuso» renovado por parte de la Fiscalía, según reporta el periódico ‘La República’.
Luis Vivanco, abogado de Boluarte, ha manifestado que su representado «no tiene nada que ver con una minera», y además, no conoce a Santiváñez, el reciente y controvertido ministro de Justicia, cercano a la presidenta peruana. Santiváñez, quien fue designado recientemente tras su paso por el Ministerio del Interior, tiene una prohibición de salida del país mientras es investigado por supuestamente intentar sobornar al Tribunal Constitucional en 2021 cuando era abogado de Miguel Marcelo Salirrosas, ex policía vinculado con el crimen organizado, condenado y encarcelado en 2022.