Este domingo, el gobierno británico ha incrementado significativamente las nacionalidades que se incluyen en su estrategia “Deportar ahora, apelar después”, con el fin de agilizar el proceso de deportación de ciudadanos extranjeros condenados, quienes ahora deberán apelar desde sus países de origen.
“El programa ‘Deportar ahora, apelar después’ ha aumentado su alcance a 23 países, desde los ocho previos, y se anticipa una futura expansión”, indica el comunicado oficial, destacando que esta política “aumentará la capacidad del Reino Unido para expulsar a los delincuentes extranjeros lo antes posible y aliviará la presión sobre los centros de detención y las prisiones”.
Según el documento, las personas afectadas por esta medida “podrán participar en la vista de apelación en el Reino Unido desde el extranjero mediante videoconferencia”.
David Lammy, ministro de Exteriores, ha comunicado que se están realizando “esfuerzos diplomáticos para aumentar el número de países a los que se puede repatriar rápidamente a los delincuentes extranjeros”, añadiendo que “si quieren apelar, pueden hacerlo de forma segura desde su país de origen”. También mencionó que “Estamos invirtiendo en asociaciones internacionales que defienden nuestra seguridad y hacen que nuestras calles sean más seguras”.
Por su parte, Yvette Cooper, ministra del Interior, ha apoyado la medida como un método para “restablecer el control y enviar un mensaje claro” ante la explotación del sistema de inmigración por parte de delincuentes extranjeros, quienes han permanecido en el país durante extensos periodos de tiempo. Su departamento está trabajando en legislación que permita retirar el derecho de solicitar protección como refugiados a aquellos solicitantes de asilo que cometan delitos sexuales notificables.
La política ha llevado a la deportación de casi 5,200 personas desde julio de 2024, reflejando un aumento del 14 por ciento respecto al año anterior, según Downing Street. Además, se han destinado 5 millones de libras para contratar personal especializado en cerca de 80 cárceles para “acelerar las expulsiones”.
Las recientes reformas implementadas por el gobierno laborista de Keir Starmer incluyen la repatriación proyectada de 35,000 individuos sin derecho a permanencia desde julio de 2024, un aumento del 50 por ciento en las redadas y detenciones por trabajo ilegal, y un incremento superior al 116 por ciento en las decisiones sobre asilo.