El Ministerio del Interior británico ha decidido endurecer las condiciones de concesión de visados a los ciudadanos de República Democrática del Congo (RDC) después de que las autoridades de este país africano se hayan negado a aplicar las medidas migratorias impulsadas por el Gobierno laborista de Keir Starmer para facilitar el retorno de migrantes congoleños a su territorio.
En noviembre, Londres pidió una postura más firme a países como Namibia, Angola y RDC frente a los inmigrantes "ilegales" y reclamó su colaboración para aceptar de vuelta a sus nacionales. Sin embargo, la RDC se ha desmarcado de sus vecinos y, como consecuencia, perderá determinados beneficios en el régimen de visados.
Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado difundido por la cadena pública BBC, las autoridades británicas dejarán de tramitar visados 'express' para solicitantes procedentes de RDC y, además, los cargos políticos congoleños dejarán de recibir un trato preferente en sus desplazamientos a Reino Unido.
En contraste, Namibia y Angola sí han aceptado las exigencias de Reino Unido, por lo que conservarán su situación actual, después de que el Ejecutivo británico les advirtiera de posibles sanciones, un escenario que ahora se cierne sobre la RDC.
Londres sostenía que estos tres Estados ponían trabas a las deportaciones de "inmigrantes ilegales y delincuentes extranjeros" a sus países de origen. Con los nuevos acuerdos, en los próximos meses se acelerarán los procedimientos de retorno hacia Angola y Namibia. El Ministerio del Interior ha subrayado que este entendimiento supone el "primer éxito de las reformas de la política de asilo del mes pasado".
Aunque reconocen que la RDC ha asumido ciertos compromisos, el país aún podría enfrentarse a sanciones más severas si no colabora, incluida la posibilidad de vetar por completo la emisión de visados a cualquier ciudadano congoleño.
El Gobierno laborista que encabeza el primer ministro Keir Starmer ha puesto en marcha cambios profundos en la política migratoria, con un plan que contempla la repatriación de 35.000 personas sin derecho a permanecer en Reino Unido desde julio de 2024, un incremento del 50 por ciento en las redadas y detenciones por trabajo ilegal y un aumento de más del 116 por ciento en las resoluciones sobre solicitudes de asilo.