El máximo responsable de la junta militar que controla Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021, Min Aung Hlaing, ha presentado este lunes su renuncia al cargo con el objetivo de facilitar su acceso a la Presidencia del país, después de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado mes de enero.
Tras estos primeros comicios desde la asonada militar, y en un contexto de guerra civil, el recién constituido Parlamento deberá votar próximamente quién será el nuevo jefe del Estado, puesto que el actual líder castrense aspira a ocupar de manera formal.
El general, de 69 años y al mando de las Fuerzas Armadas desde 2011, figura como uno de los dos aspirantes a la Vicepresidencia propuestos por los diputados de la nueva Cámara Baja. La Cámara Alta también tiene previsto designar a su propio candidato.
Más adelante, ambas cámaras deberán escoger al presidente entre esos tres nombres, aunque por ahora no se ha fijado la fecha de la votación. “El general Min Aung Hlaing ha sido propuesto como candidato a la Vicepresidencia”, ha señalado el diputado Kyaw Kyaw Htay, cercano al estamento militar, según han transmitido en directo varios medios de comunicación estatales.
La decisión llega tras unas elecciones muy cuestionadas, organizadas en plena intensificación del conflicto armado. El Partido Unión Solidaridad y Desarrollo, apoyado por los militares, se impuso en las urnas, aunque el proceso ha recibido duras críticas de organizaciones internacionales de Derechos Humanos.
El viernes, la junta comunicó una serie de relevos de calado en la cúpula de las Fuerzas Armadas, que se harán públicos una vez concluya el gran desfile militar previsto para este viernes y a escasos días de la elección del nuevo presidente por parte del Parlamento.
El golpe de 2021 fue ejecutado por el Ejército para invalidar los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi obtuvo una amplia mayoría parlamentaria, alegando un supuesto fraude electoral, una versión puesta en duda por observadores internacionales.
Tras la asonada se desencadenó una severa campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a la que se ha sumado un incremento de los combates entre las fuerzas gubernamentales y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en el noreste, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine, en el oeste.