La ministra de Turismo de Italia, Daniela Santanche, ha presentado este miércoles su renuncia en medio del fuerte seísmo político que atraviesa el país tras la derrota de la primera ministra, Giorgia Meloni, en el referéndum sobre la reforma judicial.
En su carta de renuncia, dirigida a Meloni y difundida por la radiotelevisión pública italiana RAI, la ya exministra admite su decepción por el desenlace de su etapa en el Gobierno. “No ocultaré cierta amargura por el resultado de mi carrera ministerial, pero en mi vida estoy acostumbrada a pagar mis propias cuentas y, a menudo, también las de los demás”, ha afirmado.
En la misiva, Santanche sostiene que abandona el Ejecutivo a instancias directas de la jefa de Gobierno. “No tengo ningún problema en decir que obedezco”, ha expresado, subrayando además que “hasta la fecha” su historial delictivo es “impecable” y que “ni siquiera ha habido una simple acusación”.
La ministra afrontaba una moción de censura registrada por la oposición en la Cámara de Diputados, mientras se ve salpicada por varias causas judiciales por presunto fraude y falsedad contable vinculadas a sus negocios privados.
Su salida se suma a la del subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro, que dimitió horas antes por sus supuestos vínculos con una empresa relacionada con el clan Senese, considerado uno de los grupos más poderosos de la mafia napolitana, y en pleno desgaste del Ejecutivo tras el fracaso del referéndum sobre la reforma judicial.
También ha dejado su cargo Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete del ministro de Justicia, Carlo Nordio, después de quedar en el centro de la polémica por sus duras críticas al poder judicial, al que definió como un “pelotón de fusilamiento”, y por llamar a los ciudadanos a votar en el referéndum de reforma constitucional para “deshacerse de ellos”.
Bartolozzi estaba igualmente cuestionada por su intervención en la excarcelación del jefe de la Policía judicial libia, Osama al Masri, sobre quien pesaba una orden de detención emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.