La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) ha reclamado al Ejecutivo de Argentina, encabezado por el presidente ultraderechista Javier Milei, que anule "de inmediato" la restricción de acceso impuesta a los periodistas en la Casa Rosada, sede de la Jefatura del Estado argentino.
"RSF llama al levantamiento inmediato de la suspensión del acceso de los periodistas acreditados a la Presidencia, que constituye una violación al derecho de informar y de ser informado. Tomada bajo el pretexto de una investigación por 'espionaje', esta medida obstaculiza el acceso a la información pública", ha indicado en redes sociales.
El cierre a la prensa, que este viernes continúa por segundo día consecutivo, se ha visto acompañado de nuevos ataques de Milei contra los medios. El mandatario ha tildado de "delincuentes", entre otros calificativos, a dos empleados del canal Todo Noticias denunciados por el Gobierno por presunto espionaje ilegal.
"Las basuras inmundas que se hacen llamar periodistas (95%) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley y de la Constitución. Obvio que jamás te contarán su delito precedente", ha dicho en redes sociales en las últimas horas.
El conflicto estalla después de que el Ejecutivo, a través de la Casa Militar —el organismo responsable de la seguridad de la Casa Rosada y de la residencia oficial de Olivo— presentara una denuncia contra los periodistas Luciana Geuna y Pablo Salerno por grabar áreas comunes del palacio presidencial, atribuyéndoles delitos de revelación de secretos y de poner a funcionarios en situaciones de riesgo injustificado.
En los últimos meses, las habituales comparecencias de prensa de Manuel Adorni han derivado, según asociaciones de medios, en un entorno cada vez más hostil hacia los reporteros, que a su juicio pretende limitar la libertad de prensa en pleno estallido de escándalos de corrupción que afectan al Gobierno argentino.
Sobre Adorni pesan además sospechas de haber acordado el pago de 65.000 dólares en negro a un intermediario para facilitar la compra de una vivienda en Buenos Aires, dentro de la investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.