El grupo opositor Revolución Ciudadana ha presentado una acusación formal contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por “alteración del orden democrático”. Esta acción se produce mientras el Tribunal Constitucional evalúa una propuesta del presidente para realizar una consulta popular que buscaría convocar a una Asamblea Constituyente.
“Hemos enviado como bancada Revolución Ciudadana una denuncia formal a la OEA por alteración del orden democrático en nuestro país. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, solicitando a la Secretaría General de la OEA que se activen de inmediato los mecanismos correspondientes de observación, seguimiento y protección del orden democrático”, declaró la diputada Viviana Veloz en su perfil de la red social X.
En este contexto, Veloz ha enfatizado la necesidad de intervención internacional ante los “hechos recientes que vulneran principios esenciales del Estado de Derecho”. Por otro lado, la situación ha escalado con la posición de Mónica Palencia, representante de Ecuador ante la OEA y exministra de Justicia, quien ha indicado que cualquier fallo del Tribunal Constitucional sobre el decreto 153 sería considerado como prevaricación, un punto que ha sido objeto de críticas por parte de Human Rights Watch.
“Con argumentos inverosímiles, la embajadora de Ecuador ante OEA amenaza a los magistrados de la Corte Constitucional con acciones penales por cumplir con su trabajo”, ha denunciado Juan Pappier, subdirector de la organización para las Américas. Además, ha destacado que esta circunstancia es “una señal más de que la crisis constitucional en Ecuador exige la atención del Consejo Permanente de OEA”.
Finalmente, tras una suspensión inicial de una propuesta similar por considerarla inconstitucional, el Tribunal Constitucional ha recibido una nueva propuesta de Noboa, tras la cual el Consejo Nacional Electoral ha asumido funciones adicionales que le permiten destituir a cualquier autoridad que obstruya el proceso electoral, incluidos jueces. Este nuevo decreto busca responder a lo que Noboa describe como una “crisis estructural” en múltiples ámbitos esenciales del país.