La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro ha dado luz verde a una ley que reintroduce incentivos económicos adicionales para los miembros de la Policía Civil que confisquen armas de fuego de alto calibre o que durante sus intervenciones logren ‘neutralizar criminales’. Esta medida forma parte de un proyecto de seguridad más extenso impulsado por aliados del gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal, donde también milita la familia Bolsonaro.
Este proyecto ahora espera la firma de Castro, aunque ha generado división incluso entre sus partidarios debido a las bonificaciones, que oscilan entre el 10 y el 150 por ciento dependiendo del resultado de las operaciones, según reportes de medios brasileños.
La izquierda ha criticado duramente esta iniciativa, apodándola ‘bono lejano oeste’, y ha señalado las consecuencias económicas para un estado que está en proceso de recuperación fiscal, así como las implicaciones éticas. ‘Si alguien es un criminal, debería ser sancionado conforme a la ley, no mediante la fuerza de un arma policial’, argumentó la diputada Dani Monteiro.
Esta no es la primera vez que se aprueba una medida similar; ya se implementó una política parecida entre 1995 y 1998, periodo durante el cual las muertes en operativos policiales aumentaron de dos a cuatro. En 2024, se contabilizaron 703 fallecimientos en acciones de la policía en Río de Janeiro.
Los proponentes de la ley, que también buscan extender estos incentivos a la Policía Militar, defenderán su posición en una próxima sesión plenaria. Castro tiene quince días para decidir si promulga esta controvertida legislación.
‘Este proyecto es muy beneficioso para la sociedad y la Policía Civil, y lucharemos para que se extienda a la Policía Militar. Los criminales han perdido el miedo, el respeto’, declaró el diputado Marcelo Dino, quien ve esta medida como un reconocimiento al esfuerzo policial.
‘Los delincuentes deben ser neutralizados; con esta ley sabrán que enfrentan el riesgo de ser disparados y morir’, celebró.