El recién investido presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha estrenado su mandato con un equipo ministerial que incluye a figuras conocidas de la política boliviana y aliados clave, pero sin la inclusión de representantes indígenas, una decisión sin precedentes en los últimos veinte años.
Un censo proyectado para 2024 revela que el 38,7% de la población boliviana es indígena, principalmente de las etnias quechua y aymara. Paz justificó su decisión alegando que, tras dos décadas de representación gubernamental de estos grupos, ha llegado la hora de implementar una política de “meritocracia”.
“¿Bolivia está mejor?”, planteó Paz, defendiendo su estrategia de promover la “meritocracia, la eficiencia y la transformación del Estado para servir al pueblo”, asegurando que “la puerta está abierta a todos los que quieran servir a la patria”.
El triunfo de Paz en las últimas elecciones supuso un cambio significativo, poniendo fin a casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS) y alterando las dinámicas de poder tradicionales en Bolivia. El nuevo gobierno, compuesto por 14 ministerios, tres menos que el anterior, tomó posesión en el Palacio Quemado, desplazando a la Casa Grande del Pueblo como sede gubernamental.
Además, Paz ordenó retirar la bandera wiphala, símbolo de los pueblos indígenas, de la fachada del Palacio Quemado, lo cual ha sido duramente criticado por sectores que ven en este acto una ofensa y un intento de borrar la memoria colectiva. “De un Estado de inclusión pasamos a uno de exclusión”, criticó el expresidente Morales.
En su nuevo gabinete, Paz ha incluido a figuras como José Luis Lupo, encargado de reestructurar el gobierno, y Gabriel Espinoza, que se centrará en la crisis económica, manteniendo a Fernando Aramayo en relaciones internacionales y nombrando a Freddy Vidovic en Justicia, cumpliendo parcialmente su promesa de campaña.











