El Ejecutivo de Ruanda ha calificado de “injustas” las sanciones impuestas por Estados Unidos contra varios mandos de sus Fuerzas Armadas y contra las propias Fuerzas de Defensa de Ruanda (RDF) por su presunto apoyo al grupo rebelde congoleño Movimiento 23 de Marzo (M23), subrayando que esta decisión “distorsiona los hechos” sobre la guerra en el este de República Democrática del Congo (RDC).
En su respuesta, Kigali sostiene que las medidas “afectan injustamente a la única parte en el proceso de paz” y denuncia que “los ataques consistentes e indiscriminados con drones y las ofensivas terrestres suponen violaciones claras de los acuerdos de alto el fuego por parte de RDC, costando numerosas vidas”.
“Proteger nuestro país es una medalla de honor que las Fuerzas de Defensa de Ruanda (RDF) --nombre oficial del Ejército ruandés-- portan con mucho orgullo”, ha afirmado el Gobierno, que acusa a las Fuerzas Armadas congoleñas de operar con el respaldo de “mercenarios extranjeros” y “milicias étnicas extremistas respaldadas por el Estado”, además de las “genocidas” Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).
Ruanda recuerda asimismo que “RDC se comprometió, en los Acuerdos de Washington, a poner fin de forma irreversible y verificable al apoyo estatal a las FDLR --fundadas por extremistas hutus huidos tras encabezar el genocidio de Ruanda en 1994-- y las milicias asociadas, pero no ha tomado ninguna medida al respecto”.
En este contexto, Kigali afirma que “Ruanda está plenamente comprometida con la retirada de sus fuerzas, siempre y cuando RDC cumpla con sus obligaciones”, y asegura que respalda el trabajo del comité de vigilancia del alto el fuego y continúa “comprometido” con la implementación de “todos los aspectos” acordados con Kinshasa en el marco de los Acuerdos de Washington.
En contraste, el Gobierno congoleño ha celebrado la decisión de Washington de sancionar a los responsables militares ruandeses, alegando que “estas medidas suponen una señal clara en favor del respeto de la soberanía y la integridad territorial de RDC, la justicia y la puesta en marcha efectiva de los compromisos suscritos en el marco de los Acuerdos de Washington”.
El Ministerio de Comunicación y Medios de RDC ha añadido que las sanciones “confirman la necesidad de que haya coherencia entre los compromisos diplomáticos y las realidades operativas sobre el terreno”, y ha elogiado la “implicación constante, la determinación y el liderazgo” de Estados Unidos en las iniciativas para “restaurar la paz”.
Por ello, Kinshasa anima a Washington a “continuar, con la constancia y sentido de responsabilidad que caracteriza su interacción, los esfuerzos acometidos en favor del respeto de los compromisos adoptados de cara a una paz duradera y definitiva en la región”, y reitera su voluntad de “actuar para un restablecimiento total de la paz, la seguridad y la autoridad del Estado en todo el territorio nacional”.
Detalles de las sanciones de Washington
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes que las sanciones se dirigen contra las RDF y cuatro altos mandos militares por su “apoyo activo” al M23. Según el comunicado, “las RDF apoyan, entrenan y combaten activamente junto al M23, un grupo armado sancionado por Estados Unidos y la ONU, responsable de abusos contra los Derechos Humanos y una crisis de desplazamiento masivo en RDC”.
El organismo, dirigido por Scott Bessent, precisó que “las RDF ha apoyado al M23 en la toma de territorio en el este de RDC, incluyendo las capitales provinciales de Goma y Bukavu, así como enclaves mineros estratégicos en la zona”. Añadió que “las ofensivas del M23 no habrían sido posibles sin el apoyo activo y la complicidad de las RDF y altos mandos clave”.
Entre los sancionados figuran el jefe del Estado Mayor de las RSF, Vincent Nyakarundi; el comandante de la 5º División de Infantería, Ruki Karusisi; el jefe del Estado de la Defensa, Mubarakh Muganga; y el comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas ruandesas, Stanislas Gashugi.
Las medidas punitivas se anunciaron pocos días después de que el M23 acusara al Ejército congoleño de lanzar una gran ofensiva en el este del país, que el grupo considera una vulneración del alto el fuego. Esta denuncia llegó tras la decisión del movimiento rebelde de anunciar, el 18 de enero, la retirada de todas sus unidades de Uvira, ciudad capturada el año anterior en el marco de sus operaciones iniciadas a finales de 2024.
El M23, compuesto mayoritariamente por tutsis congoleños y respaldado por Kigali, se hizo en 2025 con el control de amplias zonas de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus capitales, Goma y Bukavu. Esta ofensiva disparó las tensiones entre Kinshasa y Kigali y abrió posteriormente un proceso de diálogo para intentar frenar la extensión del conflicto en la región de los Grandes Lagos.