El Ejecutivo de Ruanda ha acusado este miércoles a República Democrática del Congo (RDC) y a Burundi de llevar a cabo “violaciones deliberadas” del actual proceso de paz con el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Kigali y que mantiene el control de dos capitales provinciales en el este del territorio congoleño.
“La responsabilidad de las violaciones del alto el fuego, los ataques en marcha y los combates en Kivu Sur, en RDC, no puede ser imputada a Ruanda”, ha señalado el Ministerio de Exteriores ruandés, que responsabiliza de forma directa a los Ejércitos de RDC y Burundi, así como a milicias presentes en la zona y a “mercenarios extranjeros” de “bombardeos sistemáticos contra localidades cercanas a la frontera con Ruanda”.
En este contexto, Kigali apunta a la participación de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) —creadas por hutus que huyeron tras el genocidio de 1994 en Ruanda— en estas operaciones, en las que también acusa a “aviones de guerra y drones kamikaze”, mientras insiste en que el M23 se limita a “responder” a las ofensivas lanzadas por las autoridades congoleñas y burundesas.
“Estas violaciones deliberadas de los acuerdos recientemente negociados constituyen graves obstáculos para la paz y dan lugar al sufrimiento continuo de las poblaciones del este de RDC, además de representar una amenaza para la seguridad de la frontera occidental de Ruanda”, ha recalcado el Ministerio en su nota oficial.
En el mismo comunicado, Kigali subraya que “el retorno a la plena aplicación de los Acuerdos de Washington es una prioridad urgente, al igual que la conclusión de los anexos restantes del Acuerdo de Doha entre RDC y el M23. Esta es la vía más viable para la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región de los Grandes Lagos”, en alusión a los marcos de diálogo impulsados en los últimos meses.
Asimismo, el Gobierno ruandés afirma que recientes ataques “desde Burundi” contra la localidad de Kamanyola han provocado la huida de alrededor de un millar de congoleños hacia Ruanda, donde han sido instalados en el campamento de tránsito de Nyarushishi. “El Ejército burundés ha amasado más de 20.000 soldados en Kivu Sur en servicio al Gobierno de RDC, cercando localidades banyamulenge de Minembwe, en un intento deliberado de matar de hambre a sus habitantes”, ha denunciado Kigali.
Ruanda sostiene además que “RDC ha declarado abiertamente que no respetará ningún alto el fuego y que lucha por recuperar los territorios perdidos ante la Alianza Río Congo (AFC) –una coalición político-militar liderada por el M23–, incluso mientras avanza el proceso de paz”, algo que, según afirma, ya ha sido “puesto en conocimiento” de la comunidad internacional.
De igual modo, lamenta que “la comunidad internacional no ha exigido el fin de estos ataques, que RDC lleva meses planeando y que se lanzaron la semana pasada”, y reprocha a Kinshasa que tampoco esté cumpliendo sus obligaciones sobre la “neutralización” de las FDLR, tal y como se comprometió en el acuerdo suscrito en junio.
“Esto sigue retrasando la resolución del conflicto en el este de RDC, que supone el objetivo último de los Acuerdos de Washington”, ha añadido, antes de remarcar que “está claro que RDC nunca ha estado dispuesto a trabajar por la paz, incluso si el presidente (congoleño, Félix) Tshisekedi participó en la ceremonia del 4 de diciembre, como si estuviera forzado a firmar los acuerdos”.
Las afirmaciones de Kigali se producen después de que la Unión Europea (UE), Estados Unidos y varios países europeos pidieran el martes a Ruanda y al M23 “cesar inmediatamente” su ofensiva en el este de RDC, en las cercanías de la frontera con Burundi, pocos días después de que Tshisekedi y el presidente ruandés, Paul Kagame, rubricaran en Washington un acuerdo para tratar de poner fin al conflicto.
Junto a estas dos potencias, los gobiernos de Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido expresaron su “profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia en el este de RDC y la nueva ofensiva del M23” en los alrededores de Uvira, en Kivu Sur, “que tiene un potencial desestabilizador para toda la región”.
Aunque reclamaron de forma específica la retirada de las tropas ruandesas desplegadas en territorio congoleño y que el grupo armado vuelva a sus posiciones iniciales y respete los compromisos asumidos, también instaron “a todas las partes a cumplir con sus obligaciones de proteger a la población civil, a adherirse a la resolución 2773 del Consejo de Seguridad de la ONU, a cumplir sus compromisos en virtud de los ‘Acuerdos de Washington’ y a reducir la escalada de inmediato”.
Las negociaciones se pusieron en marcha este año ante el agravamiento de la crisis tras una ofensiva del M23, compuesto mayoritariamente por tutsis congoleños, que consiguió hacerse con las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur. Estos avances desencadenaron duras acusaciones de RDC contra Ruanda, mientras Kigali sostiene que Kinshasa persigue a los tutsis congoleños con el respaldo de grupos armados como las FDLR y otras milicias locales.