El Ministerio de Exteriores de Rusia ha llamado este jueves a consultas al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Megías, para trasladarle su “decidida preocupación” por la presunta “retención ilegal” en territorio mexicano de una adolescente de nacionalidad rusa.
La portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, ha señalado que durante el encuentro se comunicó a Villegas la queja formal del Gobierno ruso, subrayando que la joven “está siendo retenida de forma ilegal” por las autoridades mexicanas en “una institución cerrada especializada”.
En esta línea, Zajarova ha reclamado a las instituciones mexicanas que garanticen “de inmediato el acceso consular a la menor”, a la que ha identificado como Kristina Romanova, y ha instado a “resolver cuanto antes su situación”. “Quiero recalcar lo siguiente: esto tiene que ver con una ciudadana rusa y es necesario crear todas las condiciones necesarias para su regreso”, ha insistido, alertando de que, si el caso se prolonga, podría llegar a considerarse una “desaparición forzosa”.
La joven, de 17 años, viajó a México acompañada de su madre adoptiva, una ciudadana rusa que obtuvo la nacionalidad mexicana. En 2023, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) identificó posibles indicios de violencia doméstica y un presunto abuso cometido por un hermanastro.
Más tarde, en septiembre de 2024, fue reportada como desaparecida tras abandonar sin permiso un albergue en Toluca. Posteriormente fue hallada en Tijuana, episodio en el que su madre denunció que supuestos agentes mexicanos la habían secuestrado. Tras ello, representantes de la Embajada de Rusia en México pudieron entrevistarse en varias ocasiones con la menor, reuniones en las que, según Moscú, manifestó su voluntad de regresar a Rusia.
Pese a estas gestiones, la repatriación no se ha materializado, lo que ha alimentado una tensión diplomática entre ambos países. Romanova continúa internada en una institución especializada dependiente de la Fiscalía de México y no enfrenta cargos penales, por lo que las autoridades rusas sostienen que su permanencia en México es “ilegal”.