La compañía nuclear estatal rusa Rosatom ha advertido este miércoles de un “desarrollo en dirección negativa” en la situación de la central nuclear iraní de Bushehr, que el martes volvió a ser blanco de un ataque, y ha anunciado que reducirá “al mínimo” la presencia de sus especialistas en el complejo.
“La situación en la central nuclear de Bushehr sigue desarrollándose en dirección negativa”, ha declarado el director de Rosatom, Alexei Lijachev, quien ha confirmado un ataque “contra los alrededores de una unidad operativa”.
“Afortunadamente no hay víctimas”, ha indicado, subrayando que en los próximos días está prevista la salida de otros dos equipos de Rosatom, dentro de un plan para disminuir el número de trabajadores desplazados “hasta que la situación vuelva a la normalidad”, según ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha informado de que Irán le comunicó el martes que “otro proyectil alcanzó las instalaciones de la central nuclear de Bushehr”, sin provocar daños materiales ni heridos. “La situación de la planta es normal”, ha añadido el organismo en sus redes sociales.
El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha reiterado su petición de “máxima contención” para “evitar riesgos de seguridad nuclear durante el conflicto”, en un contexto marcado por la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán y por las conversaciones en curso entre Teherán y Washington para intentar cerrar un nuevo pacto nuclear.
La planta de Bushehr, gestionada por Rosatom, dispone de un reactor operativo de 1.000 megavatios y de otros dos reactores en construcción, ambos con la misma potencia prevista. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, trasladó recientemente a la Administración estadounidense la preocupación de Moscú por los peligros que supone atacar instalaciones nucleares en territorio iraní.
Las autoridades iraníes han cifrado en más de 1.500 los muertos provocados por la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos. No obstante, la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, eleva el balance a más de 3.000 fallecidos.